Más demagogia socialista, y también comunista -teniendo en cuenta que hay Gobierno de coalición-: tras subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprueba la ‘tasa Tobin’ y la ‘tasa Google’, para contribuir, en su opinión, a un sistema fiscal más justo y redistributivo… y de paso, ayudar a pagar las pensiones. Pero ojo, sólo servirá para cubrir el 18,6% de una nómina mensual (la última fue de 9.768,9 millones de euros).

Recuerden que la subida del SMI es buena, pero lo negativo es que trae consigo un aumento de las cotizaciones sociales. Es aquí donde está el problema y de hecho, el Gobierno ya piensa en una rebaja para los agricultores, que están de protestas -y con razón- por el alza del SMI, que ha sido la gota que ha colmado el vaso, tras el recorte de ayudas europeos y la venta de productos a precios bajísimos (o incluso a pérdidas).

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la ‘tasa Tobin’ y la ‘tasa Google’, con los que recaudará 1.818 millones, menos de lo previsto el año pasado (2.050 millones) cuando la convocatoria de elecciones generales impidió que se pusieran en marcha y los relegó al cajón. El recorte se debe a una menor estimación en la ‘tasa Google’, que ha pasado de 1.200 millones a 968 millones por la ralentización económica y la experiencia de otros países que ya lo han implementado.

La ‘tasa Tobin’ está lejos de la que planteó el economista (y Premio Nobel) James Tobin: gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas que valgan más de 1.000 millones en bolsa

El Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’ está lejos de la que en su día planteó el economista estadounidense James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, que se centraba en el mercado de divisas (el más especulativo de todos) y sería recaudada por Naciones Unidas para destinarla a paliar la pobreza del Tercer Mundo. Ahora, el Gobierno aprueba un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan, siempre que sean empresas cotizadas y que la capitalización bursátil supere los 1.000 millones. Y naturalmente, recaudada por la Hacienda española.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que el nuevo tributo “afecta al sector financiero, que recibió importantes ayudas públicas durante la crisis, por lo que es de justicia social que ahora contribuya un poco más al mantenimiento del Estado de bienestar”. Más demagogia, cómo no, pues los bancos no serán los más afectados… y acabarán repercutiendo el impacto del nuevo gravamen en los clientes (por ejemplo, con más subidas de comisiones) y más en este contexto de bajos tipos de interés.

La 'tasa Google' afectará a las empresas cuya cifra de negocio supere los 750 millones a nivel mundial y los 3 millones en nuestro país

Respecto al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’), el objetivo es “adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital”. Y mientras se busca el consenso internacional en la OCDE y el G20, España lanza el suyo, que afectará a las empresas cuya cifra de negocio supere los 750 millones a nivel mundial y los 3 millones en nuestro país. Se trata de un impuesto indirecto que gravará con un 3% la prestación de servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Sin embargo, no hay que olvidar que ha habido cierta presión desde EEUU. Por eso, al igual que en Francia, y como ya dejó ver el pasado lunes, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación DIgital, Nadia Calviño, nuestro país ha suspendido el pago de este impuesto a final de año. En concreto se liquidará el próximo 20 de de diciembre... para dar tiempo a que se logre un acuerdo internacional, según ha explicado María Jesús Montero.