El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado hoy miércoles su último pleno del curso judicial.
Y puede decirse que sus integrantes, con la presidenta Isabel Perelló a la cabeza, se van con los deberes hechos. Porque han conseguido nombrar a los magistrados independientes Andrés Martínez Arrieta y a Pablo Lucas presidentes de la Sala Penal y de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente.
En concreto, según ha trascendido, 15 vocales del CGPJ han votado a favor de Martínez Arrieta frente a 6 votos en contra; mientras que 16 miembros del CGPJ han apoyado a Pablo Lucas, frente a 5 en contra.
Claro que lo han conseguido después de que dos magistradas que eran respaldadas por los vocales progresistas, esto es, Ana Ferrer y Pilar Teso, retirasen sus candidaturas para ambas salas, al no lograr el consenso necesario para su nombramiento.
Las negociaciones para nombrar a los presidentes de la sala penal del Supremo y de la sala de lo Contencioso-administrativo se han prolongado meses.
Pero al final, y tras la retirada de las candidatas que algunos medios interpretaban que eran las favoritas del ministro Félix Bolaños, han sido nombrados los jueces con más experiencia, veteranía y trayectoria profesional, un criterio que suele ser decisivo para este tipo de designaciones en tan altos cargos judiciales..., hasta que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez y trató de hacerse con el control de ambos puestos con las citadas magistradas afines.
En su retirada a optar al cargo, la juez Ana Ferrer escribió una carta a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la que argumentaba que la confianza de los ciudadanos "se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas".
La importancia de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo reside en que es la sala encargada de juzgar a las personas aforadas, lo que, en este momento en el que el PSOE y el Gobierno sanchista se ven acechados por casos de corrupción -el Supremo ya investiga al exministro José Luis Ábalos sin ir más lejos o al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz- tiene especial trascendencia.
Mientras que la Sala de los contencioso administrativo es la encargada de juzgar, en su caso, las medidas que adopte el Ejecutivo, como decretos-leyes o nombramientos de altos cargos.
Así pues, el hecho de que la presidencia de ambas salas sea ocupada por jueces con perfiles de independencia judicial es una muy buena noticia para la deteriorada democracia española: deteriorada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, empeñado en cargarse la Independencia judicial con reformas legislativas -la famosa Ley Bolaños- o con nombramientos afines.
Y de esto último hay un claro ejemplo: el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, actúa siempre en beneficio de los intereses del Gobierno, como el aval a la Ley de Amnistía a los 'indepes' catalanes o la sentencia que anulaba la condena a socialistas en el caso ERE, ambas, por cierto, recurridas por instancias españolas ante la justicia europea...
Conclusión: Isabel Perelló funciona... y eso que fue nombrada por el PSOE, aunque es cierto que su nombre no fue el primero que el Sanchismo puso sobre la mesa pero, de los que puso sobre la mesa, Perelló era la única que admitía el PP, porque era la menos radical. Y, por ahora, lo está haciendo bien.
