Aprovechando que estábamos distraídos con el turrón navideño y el resultado de las elecciones de Cataluña, el 22 de diciembre pasado el Boletín Oficial de las Cortes, en versión Congreso de los Diputados, publicó una proposición de ley, que deja a las novelas de Orwell a la altura de El Parvulito. A iniciativa del grupo socialista, que lidera Pedro Sánchez (en la imagen), la propuesta tiene el objetivo de que se "reconozcan y se amplíen derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". La iniciativa se anuncia con una buena intención en favor de los damnificados, aunque no queda claro si la persecución y la violencia de la dictadura se refiere también a la ejercida por los socialistas cuando dieron el golpe de Estado en 1934, y a la multitud de tropelías que cometieron durante la Segunda República. Entre otras, el asesinato del jefe de la oposición parlamentaria, el diputado Calvo Sotelo, con el fin de imponer la dictadura del proletariado a lo soviético, porque para eso a uno de sus líderes, ellos le llamaban El Lenin Español. El texto es muy largo y muy farragoso, pero los socialistas se vienen arriba en el título II, donde escriben el capítulo I "De la Verdad", plagiando el título a una de las cuestiones disputadas de Santo Tomás, pero sin atreverse a ponerlo en latín, De veritate, como lo hizo el sabio filósofo, porque eso les debe sonar a curas y ellos, más que laicos, son laicistas. Y dejando a Orwell como un aprendiz, proponen la constitución de una comisión de la vedad en estos términos: "Se crea una Comisión de la Verdad de ámbito nacional, como órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como forma de favorecer la convivencia democrática".
"Se crea una Comisión de la Verdad de ámbito nacional (...) con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como forma de favorecer la convivencia democrática"
Y podría pensarse que esta comisión tendría como misión el impulso de las investigaciones históricas en las Universidades y el apoyo a los profesores, pero la cosa es más tosca y de una brutal claridad. Lo que va a hacer la comisión es dictar su verdad, misión que compete a once individuos: tres nombrados por el Congreso de los Diputados, dos por El Consejo General del Poder Judicial, tres por las asociaciones de víctimas, dos por el grupo de Derechos Humanos de Naciones unidas y uno por el Consejo de Universidades. Ya se ve que los socialistas se fían poco de los catedráticos: solo uno de once. Y lo que espero es que nuestros rectores, por pura dignidad, boicoteen la ridícula participación que les conceden los socialistas y no nombren a nadie. Lo más chusco es que el artículo concluye ordenando que "los comisionados habrán de cumplir la cuota paritaria"; es decir, dividir por dos un número impar y que dé cero. Pero llegados a este punto seguro que lo harán porque será paritario lo que digan los once comisionados, que para eso se les ha otorgado la capacidad de establecer lo que es verdad y lo que es mentira en Historia, en Matemáticas y en lo que se tercie. Llegados a este punto habría que exclamar con frase de Eulogio: "y esto es bello e instructivo"; y en efecto, aunque no es nada bello y apesta a totalitario, es instructivo del grado de barbarie intelectual al que hemos llegado, y para disuadirnos de no vomitar intelectualmente sobre semejante propuesta de ley, el texto concluye estableciendo multas de hasta 150.000 euros y cuatro años de cárcel. Y como de lo que se trata es de aclarar lo sucedido en julio de 1936, antes de que empiece a actuar la Comisión de la Verdad y no nos dejen contarlo, conviene recordar que aquel verano ya estaban las cosas muy tensas, y que hubo una chispa que encendió la mecha que provocó el estallido de la Guerra Civil. La madrugada del 13 de julio de 1936, la camioneta número diecisiete salió del cuartel de Pontejos cargada con pistoleros del PSOE y se presentaron en casa del jefe de la oposición a las dos y media, le obligaron a Calvo Sotelo a subirse a la camioneta, enfilaron la calle Velázquez y a la altura del cruce con la calle de Ayala, Lucas Cuenca le descerrajó dos tiros en la nuca. Lucas Cuenca, apodado por los suyos "el pistolero" no era precisamente un paria de la tierra, era hijo de un ingeniero industrial y nieto de un general de la Guardia Civil; había ingresado en las Juventudes Socialistas en 1932. Y esto es, entre otras cosas, lo que pretenden los socialistas de ahora con esta propuesta de ley: ocultar que fueron sus antepasados los que provocaron la Guerra Civil.
Lo más chusco es que el artículo concluye ordenando que "los comisionados habrán de cumplir la cuota paritaria"; es decir, dividir por dos un número impar y que dé cero.
Y en cuanto a los futuros comisionados les recomiendo por su bien que, antes de aceptar el cargo, lean las andanzas de ese personaje de Galdós, llamado Juan Santiuste, que aparece en los episodios Aita Tettauen y Carlos VI en La Rápita y se manifiesta en todo su esplendor en el capítulo VII de Prim. Pérez Galdós nos lo presenta en su empeño de redactar lo que él llamaba Historia lógico-natural de los españoles de ambos mundos del siglo XIX. Empeñado en escribir la Historia de España no como es sino como debiera haber sido, según el sectarismo liberal que se había adueñado de su mente, cada dos o tres días despachaba un capítulo que se lo leía a su protector, el marqués de Beramendi, antes de ponerlo a limpio. Y comentaba el marqués a sus contertulios que "en su estilo no se advierte ninguna extravagancia; en la narración de los hechos está lo verdaderamente anormal y graciosamente vesánico, porque no escribe la Historia sino que la inventa, la compone con arreglo a lógica, dentro del principio de que los sucesos son como deben ser. Anteayer me leyó un capítulo que me hizo morir de risa. Describe los sucesos de 1823, las artes solapadas de Fernando VII para ahogar en España el espíritu liberal, la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis para restablecer el absolutismo, los acuerdos de las Cortes, la declaración de la locura del rey. Al llegar aquí el hombre se quita de cuentos, y… ¿Qué creerán ustedes que proponen, discuten y votan por fin las Cortes? Pues procesar el Rey (…) Fernando VII es condenado a muerte, y como no resulta decoroso ahorcarle, ni tenemos verdugos que sepan degollar, es fusilado con muchísimo respeto en Cádiz". Y cuenta Pérez Galdós que el pobre Juan Santiuste con tanto desenterrar muertos y resucitarlos a la vida histórica y enterrar vivos para acomodar la Historia a su sectario pensamiento, enloqueció. Y fue entonces cuando decidió cambiar su nombre de Juan Santiuste por el de Confusio, por la enorme confusión que reinaba en su cabeza. Pero entre la ocurrencia graciosa de Juan Santiuste y la iniciativa socialista propia de un régimen totalitario de esta comisión de la verdad, hay una diferencia y es que los socialistas pretenden que el poder político respalde a los once comisionados para que a los historiadores que no entremos por el aro de la verdad dictada e impuesta, nos eliminen; de momento… solo civilmente. Javier Paredes [email protected]