La proximidad de una sentencia del Constitucional sobre el Estatut tiene a todas las fuerzas catalanistas en un vilo. Por una parte, Carod que amenaza con acciones preventivas. Ahora, el PSC juega a poli bueno y poli malo. Por una parte, Montilla que plantea una "defensa firme, pero serena del Estatut". La negociación de la financiación demuestra en su opinión- que hay que trabajar con paciencia, pero con rigor. Por otra parte, su conseller de Economía, Antoni Castells, asegura que no se puede renegociar un pacto político porque ya fue rebajado.
En el fondo, un argumento falso: no ha habido una negociación política entre España y Cataluña. Ha habido una negociación política entre el presidente Zapatero y el presidente de CiU, Artur Mas y posteriormente una negociación en el Congreso de los Diputados (de España) que ha dado como producto final una Ley Orgánica de España). En todo caso, los catalanistas de todos los partidos consideran que el Estatut es una especie de paz de Westfalia en la que carta en la mesa pesa.
Lo que pasa es que en España existe un órgano de garantías constitucionales encargado de dejar limpio como una patena la producción legislativa. El problema es que no existe un antecedente de un referéndum recortado posteriormente por el Constitucional. Es eso imposible en Italia uno de los países de la UE que más referéndums convoca- porque la ley obliga a que la ley sometida a consulta sea sometida de manera previa a un examen del Constitucional. Nuestra ley no prevé eso. Y por eso nos encontramos en el impasse político-jurídico en el que nos encontramos.
