- Si se liquida una compañía podría producirse un efecto dominó.
- El G6, los seis grandes bancos prestamistas, han enviado su propuesta: un bono a 30 años con garantía del Estado y con una rentabilidad ligeramente por encima de la del bono del Tesoro a largo plazo (2,82%).
- Ana Pastor está dispuesta a ceder pero 'manos tijeras' Montoro se niega.
- Estamos hablando de una deuda de unos 4.600 millones de euros.
- Los bancos alegan que, tras una quita del 50% se les quiere obligar a una segunda quita implícita y a muy largo plazo.
- A todo esto, se ha abandonado la otra opción: que quiebre lo quebrado.
El próximo 18 de julio se celebra la junta de acreedores de la autopista AP-36, Ocaña-La Roda. Si no se llega a un acuerdo, se abrirá expediente de disolución. Será el primero que afecta a una radial y podría producir un efecto dominó en el resto de radiales que están en la misma situación.
El Gobierno no quiere ni oír hablar de esta posibilidad, ya que muy probablemente, de producirse, tendría que hacer frente al pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Estamos hablando, en el caso de la AP-36, de 549 millones de euros que se repartirían la banca acreedora.
Las entidades que conforman el llamado G-6 (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular y Bankia) han enviado su propuesta a la ministra de Fomento, Ana Pastor: un bono a 30 años con garantía del Estado y con una rentabilidad ligeramente superior a la del bono del Tesoro a largo plazo, esto es, del 2,82%.
Estamos hablando de una deuda total, de todas las radiales, de unos 4.600 millones de euros. Los bancos alegan que, tras una quita del 50% se les quiere obligar a una segunda quita implícita y a muy largo plazo.
Pastor está dispuesta a ceder, no así el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, alias 'manos tijeras', que continúa bloqueando el acuerdo. Y cuando Montoro se opone…
A todo esto, se ha abandonado definitivamente la otra opción, que sería la más lógica y, por supuesto, la más barata: que quiebre lo quebrado. Pero no. Primero fueron los bancos y ahora las autopistas. Y todo con dinero del contribuyente.
Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com