El Gobierno ha intervenido en el conflicto laboral de Airbus, como hace meses lo hizo con el de Renault, y ha tenido efecto. De hecho, ha logrado un preacuerdo entre la dirección del gigante aeronáutico europeo y los sindicados para poner fin a la huelga definida que atraviesa desde el pasado 24 de agosto.

El ministro de Industria y Turismo, el socialista catalán Jordi Hereu, esperaba no tener que intervenir, pero al final no le ha quedado otra que hacerlo. “Esperamos no tener que intervenir porque haya una resolución a través del diálogo social entre las partes”, llegó a decir hace días. De hecho, obligó a Airbus a negociar con los sindicatos... pero días más tarde, cuando el fabricante aeronáutico rompió la mesa de negociación de la huelga y dijo que solo dialogaría con los sindicatos no convocantes -CCOO, la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP) y Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA)-, a Hereu no le ha quedado otra que mediar. Además, la huelga ya estaba afectando a las líneas de aviones comerciales porque Airbus apenas tiene piezas en stock para mantener la producción del A320, por ejemplo.

Hace unos días, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, advirtió de que dicha huelga pone en riesgo las oportunidades de crecimiento del sector aeroespacial en nuestro país, por lo que avanzó la posible involucración de Hereu. En la mañana del viernes 4, el ministro ha convocado a una reunión a la dirección de Airbus (acudiendo entre sus representantes el propio CEO, el francés Guillaume Faury) y a los sindicatos convocantes de la huelga -UGT, la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL) y CGT-, que ha dado un frutos. Al final, la dirección del gigante aeronáutico y los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT (que son los mayoritarios al sumar el 88% de los representantes sindicales) han llegado a un principio de acuerdo para desbloquear el conflicto laboral que acabó provocando la huelga indefinida de las últimas semanas. Ahora dicho pacto deberá someterse al referéndum de los trabajadores en España, es decir, a unas 14.000 personas que se reparten entre las plantas de Getafe (Madrid), que es la de mayor tamaño y donde trabajan 9.000 personas; Illescas (Toledo); Albacete; El Puerto de Santa María (Cádiz); y las sevillanas de Tablada y San Pablo-.

El ministro Hereu ha señalado que “Airbus es una empresa estratégica para Europa y para España, y creo que hoy ha dado un magnífico paso adelante para garantizar su presente y su futuro industrial, porque yo creo que desde siempre en la industria, también en Airbus, uno de los puntos fuertes es la capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan fiabilidad y estabilidad a los procesos industriales, y que permiten atraer más carga industrial en nuestro país”. También ha referido que “Airbus tiene muchas oportunidades y Airbus España quiere protagonizar estas oportunidades”, unas declaraciones que no se dan en un momento cualquiera sino meses después de que diera carpetazo al futuro caza europeo FCAS (proyecto que compartían Airbus, Dassault e Indra) y de que no haya contado con Indra (dueña de Hispasat, de la que fue presidente Hereu entre octubre de 2020 y noviembre de 2023) para la empresa conjunta de satélites que va a crear con la francesa Thales y la italiana Leonardo. Y respecto al principio de acuerdo, el ministro ha añadido: “Salen ganando en la mejora de las condiciones laborales, salariales, los trabajadores, pero a la vez es un planteamiento que garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España”.

Por cierto, en todo este conflicto laboral se ha mantenido bastante callada y cobrando del fabricante aeronáutico la consejera y futura presidenta no ejecutiva a partir del 1 de octubre, la española Amparo Moraleda. De hecho, en 2025, recibió 331.000 euros como consejera de Airbus (cargo que ocupa desde 2015) y dicha cifra se duplicará cuando ascienda a presidenta... sin poder alguno, pues mandan Alemania y Francia (que tienen unas respectivas participaciones del 10,8%, frente al 4,12% que posee España).

Recuerden que recordar que la huelga ya estaba afectando a la producción y se producía en el peor momento, justo cuando Airbus debía elevar la fabricación de aviones civiles y militares. Así se recrudeció un conflicto laboral que arrancó el 1 de julio con las protestas de SIMA por la decisión unilateral de Airbus de reducir el teletrabajo de dos a un día a la semana y discrepancias respecto a la subida salarial y otros conceptos. A la protesta se sumaron UGT, ATP, UTIL y CGT; pero CCOO se quedó más al margen y llegó a un preacuerdo con la empresa, al que después se sumaron SIPA y ATP, que incluía alguna mejora de las condiciones laborales (incluido aumento de salarios y mantener dos días de teletrabajo a la semana). Sin embargo, UGT, UTIL y CGT lo rechazaron y empezaron la huelga indefinida y el 81% de la plantilla votó a favor de no suspenderla. Tan solo la fábrica de Illescas había optado por suspender el paro.