Este martes ha comenzado una huelga indefinida en las seis plantas españolas de Airbus, donde emplea a 14.000 personas. Sin embargo, dicho parón de la actividad se produce en el peor momento, justo cuando debe elevar la producción de aviones civiles y militares, ante la fuerte demanda de las aerolíneas y del sector de la Defensa, respectivamente.

El fabricante aeronáutico europeo ve “crítico” alcanzar un acuerdo y que este llegue de forma inmediata, al tiempo que advierte que la huelga supone retirada de carga de trabajo y paralización en las plantas españolas. Y esto repercute en el conjunto del grupo, que entregó 67 aviones el pasado julio, con la producción española parada durante 23 días. Ahora para cumplir compromisos deberá aumentar el ritmo de producción a 90 unidades al mes hasta que acabe el año, algo a lo que no ayuda en absoluto una huelga indefinida.

Recuerden que los 14.000 empleados de Airbus en nuestro país se reparten entre las plantas de: Getafe (Madrid) -la más grande y donde está la línea de montaje final del Eurofighter, la conversión del A330 MRTT y el mantenimiento del A400M, y se fabrican componentes para el lanzador Ariane 6 y satélites-, Sevilla-San Pablo (se hace el ensamblaje final del A400M y el C295), Sevilla-Tablada se dedica a fabricar estructuras y componentes, Puerto de Santa María (Cádiz) también produce componentes avanzados, Albacete se decida a helicópteros, e Illescas (Toledo) fabrica componentes de materiales compuestos de gran tamaño para aviones comerciales y programas espaciales. Además, hay oficinas y centros de ingeniería en Tres Cantos (Madrid) y en la propia capital española.

El conflicto laboral empezó el pasado 1 de julio con las protestas del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) por la decisión unilateral de Airbus de reducir el teletrabajo de dos a un día a la semana y las discrepancias respecto a la subida salarial y otros conceptos. Una movilización a la que se adhirieron UGT, la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL) y CGT. Sin embargo, CCOO (que es el sindicato mayoritario en el fabricante aeronáutico en nuestro país) se mantuvo un poco al margen y alcanzó un preacuerdo con Airbus que rechazaron, en un principio, el resto de sindicatos. Días después, el preacuerdo también fue apoyado por SIPA y ATP, pero los demás sindicatos empezaron a negociar una huelga indefinida a partir del 24 de agosto si no había acuerdo antes del 31 de julio. A la vista está que no hubo dicho acuerdo, ha continuado la reclamación de mejores condiciones salariales y sociales, y ha comenzado la citada huelga indefinida.

Ahora, en su última oferta, el fabricante aeronáutico europeo ha aceptado vincular el aumento salarial al IPC, así como acortar el plazo de recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años (que los sindicatos estiman en un 9%) y mantener dos días de teletrabajo a la semana. También se abre a negociar sobre el sistema Bradford para las bajas laborales y retirar los recursos planteados en vía judicial, y adopta un respeto íntegro de las condiciones laborales conforme a la normativa aplicable y diálogo a nivel nacional con la suficiente antelación en el proyecto Bromo. Además, está dispuesto a hablar de otros aspectos, como: comedores y servicios sociales, transporte colectivo y rutas, así como flexibilidad horaria. Por ahora suena bien para los sindicatos UGT, UTIL y CGT, pero mantienen la huelga esperando medidas más concretas. 

Eso sí, no hay que perder de vista que Airbus necesita, sí o sí, aumentar la producción de aviones civiles y militares. En los últimos meses, ha dado ya algún disgusto a España: ha dicho adiós al caza europeo FCAS y no ha contado con Indra (dueña de Hispasat) para la megafusión en satélites con Thales y Leonardo. Y todo ello a pesar de que tiene a la española Amparo Moraleda como presidenta no ejecutiva y del pacto de no hacerse daño que alcanzaron Pedro Sánchez y Guillaume Faury, CEO de Airbus, el pasado marzo.