Airbus amenaza con cancelar contratos... lo que supone un nuevo chantaje por parte del gigante aeronáutico europeo que dirige el francés Guillaume Faury, pese al pacto de no agresión que se vio en Moncloa el pasado marzo. Eso sí, esta vez el Gobierno ha reaccionado a tiempo y no sólo se plantea intervenir en el conflicto laboral, sino que también ha obligado a Airbus a negociar con los sindicatos.

El propio Faury llegó a señalar que dicho conflicto “no se soluciona de la noche a la mañana” y pese a que Airbus ha ofrecido alguna mejora de las condiciones laborales (incluido aumento de salarios y mantener dos días de teletrabajo a la semana), aún no ha logrado la paz social que ansía. Quien se mantiene callada y cobrando del fabricante aeronáutico es la consejera y futura presidenta no ejecutiva a partir del próximo 1 de octubre, la española Amparo Moraleda. De hecho, en 2025, recibió 331.000 euros como consejera de Airbus (cargo que ocupa desde 2015) y dicha cifra se duplicará cuando ascienda a presidenta... sin poder alguno, pues mandan Alemania y Francia (que tienen unas respectivas participaciones del 10,8%, frente al 4,12% que posee España).

Recuerden que la huelga indefinida en España, donde Airbus emplea a 14.000 personas, se produce en el peor momento, justo cuando debe aumentar la producción de aviones civiles y militares. Airbus ya avisó de que el parón supone retirada de carga de trabajo y paralización de las plantas españolas, o sea, las de: Getafe (Madrid), que es la de mayor tamaño y donde trabajan 9.000 personas; Illescas (Toledo); Albacete; El Puerto de Santa María (Cádiz); y las sevillanas de Tablada y San Pablo-. Un conflicto que empezó el 1 de julio con protestas del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) por la decisión de Airbus de reducir el teletrabajo de dos a un día a la semana y discrepancias respecto a la subida salarial y otros conceptos. A la protesta se sumaron UGT, la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL) y CGT. Sin embargo, CCOO (que es el sindicato mayoritario en el fabricante aeronáutico en nuestro país) se mantuvo un poco al margen y alcanzó un preacuerdo con Airbus que rechazaron, en un principio, el resto de sindicatos. Días después, el preacuerdo también fue apoyado por SIPA y ATP, pero el resto de sindicatos (UGT, UTIL y CGT) se puso a negociar una huelga indefinida a partir del 24 de agosto si no había acuerdo antes del 31 de julio.

Airbus ofreció algunas mejoras pero no hubo acuerdo y comenzó la huelga indefinida. Claro que la dirección condicionó la continuidad de la negociación a que se suspendiera temporalmente el parón. UGT se ha abierto a la suspensión para facilitar el acuerdo y este lunes, en las plantas de Illescas y Albacete se ha votado a favor de la misma para dar margen a la negociación, pero el 81,2% de la plantilla de Airbus España ha rechazado dicha suspensión. El próximo martes 1 de septiembre habrá una nueva sesión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y los sindicatos han señalado que “veremos si la empresa cumple o no con sus amenazas”.

Hasta el momento, Airbus ha ofrecido vincular el salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6% en un periodo de cinco años hasta 2030. También se ha comprometido a un incremento del 0,5% para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5% para las promociones, así como compensar el denominado «efecto abril» con un pago excepcional de 2.000 euros el próximo enero y mantener dos días semanales de teletrabajo. También se abre a negociar sobre el sistema Bradford para las bajas laborales, la retirada de los recursos planteados en vía judicial, y adoptar un respeto íntegro de las condiciones laborales conforme a la normativa aplicable y diálogo a nivel nacional con la suficiente antelación en el proyecto Bromo. Además, está dispuesto a hablar de otros aspectos: comedores y servicios sociales, transporte colectivo y rutas, así como flexibilidad horaria. 

Y por si el conflicto laboral fuera poca cosa, Airbus ha sumado otra turbulencia hace unos días. Y es que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) le exige inspecciones por posibles grietas en más de 1.000 aviones A320 y A321, los aviones comerciales más vendidos y con más entregas de la historia.