Desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicara su propuesta de recortar las retribuciones a la distribución y al transporte de electricidad y gas, las aguas andan algo revueltas porque no gustan a nadie. Las grandes eléctricas han presentado sus alegaciones (ver documento adjunto), bajo el paraguas de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec, antigua Unesa): piden mayor retribución, al considerar que la planteada es insuficiente y no ayuda en la descarbonización de la economía.

Ojo, a esto último, sobre todo, después de las alegaciones del Ministerio de Transición Ecológica​ que dirige Teresa Ribera (ahora en funciones), donde señalaba que la CNMC no ha contemplado su plan de transición energética. Además, refirió que no había tenido en cuenta la introducción de un principio de prudencia financiera para los titulares de los activos de transporte y regasificación.

Aelec alega que la tasa propuesta del 5,58% para el segundo periodo regulatorio, frente al 6,5% actual, es “insuficiente” y debe revisarse al alza

Aelec -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo- insisten en que la regulación debe ser adecuada para “incentivar a las empresas a elaborar sus planes de inversión y operación de manera acorde a los objetivos de política energética nacionales y sectoriales y, para ello, ha de reconocer una retribución razonable de las inversiones incurridas y aprobadas por el regulador”. Esto no es baladí, porque ya ha habido amenazas de no invertir o de llegar a los tribunales. La patronal eléctrica que preside Marina Serrano alega que la tasa propuesta del 5,58% para el segundo periodo regulatorio, frente al 6,5% actual, es “insuficiente” y debe revisarse al alza, pues es necesario atraer las elevadas inversiones de red (41.846 millones de euros) que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, Aelec subraya que “es necesario un diálogo continuo con el sector y transparencia para evitar que un exceso de complejidad en la normativa genere incertidumbre en los planes operativos y de inversión de los agentes”. Y es que considera que la propuesta de la CNMC parece “más compleja” que la existente e introduce “importantes nuevas incertidumbres”.

Exige que el nuevo modelo se aplique a inversiones, incentivos y gastos realizados a partir del 1 de enero de 2020, no a los anteriores

La patronal eléctrica considera que debe garantizarse “la necesaria certidumbre y seguridad jurídica” de las actuaciones efectuadas en el vigente periodo regulatorio. Así, exige que las inversiones de 2019 y los incentivos de 2018 y 2019, liquidables en 2020 y 2021, se calculen con la metodología vigente actualmente y que el nuevo modelo se aplique a inversiones, incentivos y gastos realizados a partir del 1 de enero de 2020. Y al hilo de esto último, ha introducido un ‘pero’: “siempre y cuando para dicha fecha, las empresas de distribución sean plenas conocedoras de ellos y hayan tenido el tiempo necesario para adaptarse a los mismos”. Además, quiere que se recupere el factor de retardo retributivo por otras tareas reguladas desarrolladas por las empresas distribuidoras y que compensa el desembolso anticipado que soportan estas y que es retribuido dos años después.