En las últimas semanas, el panorama entre las energéticas y el Gobierno anda bastante revuelto por la propuesta de la CNMC de recortar las retribuciones a la distribución y al transporte de gas y electricidad. Ahora, las empresas del sector han dado un paso más, lanzando un órdago: o se las retribuye bien o paralizarán las inversiones en gas. Y ojo, porque la consecuencia no es baladí: podría peligrar la misma transición ecológica que abandera la ministra del ramo en funciones, Teresa Ribera, además de poner en riesgo la seguridad en el suministro energético.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) refiere que se necesitarán unas inversiones totales de 236.124 millones de euros entre 2021 y 2030, de las que el 80% corresponderán al sector privado y sólo el 20% al público. Por tanto, mal vamos con el órdago lanzado por las energéticas. Y es que dichas inversiones se desglosan de la siguiente manera: 101.636 millones en renovables, 86.476 millones en ahorro y eficiencia, 41.846 millones en redes y electrificación de la economía, y 6.166 millones en difusos no energéticos y otras eléctricas.

El PNIEC contempla unas inversiones totales de 236.124 millones de euros, de las que el 80% corresponderán al sector privado

Respecto a la seguridad en el suministro energético, conviene recordar que la nuclear es actualmente la primera fuente de producción de electricidad en España. En la transición ecológica, Ribera ha incluido el cierre programado de las centrales entre 2027 y 2035, pero las renovables no bastarán para sustituir dicha energía y se necesitará el gas. Así, lo han señalado no sólo empresas del sector, como Enagás, así como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o expertos en geoestrategia, entre otros.

La propuesta de la CNMC de recortar las retribuciones a la distribución y al transporte de gas y electricidad son un asunto de vital importancia y ya ha entrado en fase de alegaciones. Todo ello, con su presidente, José María Marín Quemada, en línea de salida (su mandato acaba el 9 de septiembre, aunque deberá permanecer hasta que haya un sustituto), que ha señalado que atenderá las reclamaciones de las empresas, algo que algunos han querido interpretar como un abrir la puerta a rebajar dichos recortes, pero esto cambia poco el panorama porque será el Gobierno -y casi seguro, Ribera- quién tome la decisión final. 

Y por cierto, además del órdago de las energéticas, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica su "preocupación" por la propuesta de la CNMC. Por su parte, el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) ha mostrado su rechazo al recorte de retribuciones y ha advertido que pone en peligro cantidad de empleos estables y transmite un mensaje de inseguridad a los inversores y a otras actividades dependientes del sector.