El Gobierno debe asumir la gestión de las plantas que Alcoa quiere cerrar en Avilés y La Coruña o intervenirlas, aplicando la Constitución. Son las opciones que ven los sindicatos y que trasladan a la Dirección General de Industria, al tiempo que son conscientes de los días “duros y difíciles” que les espera, en palabras de Alberto Grijalbo (USO).

Se acaba el plazo, en fin, dado por la americana para negociar el ERE de extinción, que garantiza sólo 200 de los 686 empleos, mientras los comités de empresa de las dos factorías lo rechazan de plano. La única alternativa de Alcoa pasa por el cierre, lamentan, y para ellos es fundamental conseguir “la continuidad” de las plantas y de las series de electrolisis e inversión”, según presidente del comité Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

La reunión con Industria no ha movido nada, salvo en la exigencia al Gobierno de que deje atrás su “indefinición” y pase a la acción porque se trata de un sector estratégico “de futuro y fundamental”.

Piden al Gobierno que no espere a un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, para la que "todo pasa por el cierre" de las plantas 

Según Gómez de la Uz, corresponde al Estado encontrar una solución para la entrada de un inversor, no esperar a que lleguen a un acuerdo trabajadores y empresa, con posiciones demasiado distantes, y a Alcoa, poner el dinero, si se quiere marchar, no “irse de rositas”.

En la misma línea, el presidente del comité de La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, que ha criticado que las reuniones hayan cambiado del Ministerio de Empleo al de Industria, que encaja con la “estrategia de despiste o de desgaste” de Alcoa, cuando lo único que quiere es “despedirnos a todos y cerrar las plantas”.