Decíamos ayer que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, conocimos que si eres mujer, año y medio de cárcel por matar a tu hijo; si eres hombre, 3 años. Ana Redondo presentaba la ley de violencia vicaria, donde el acusado no podrá contar su versión y los periodistas no podrán pedir su declaración; solo la de la madre.

Ahora, es el Ministerio de Juventud e Infancia, con Sira Rego a la cabeza -sí, Rego existe-, prevé elevar al Consejo de Ministros a lo largo de este mes de octubre una propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Tal como recoge ABC, una de las principales modificaciones que plantean será obligar a los jueces a escuchar a los menores víctimas. Insisten en que no solo está planteado para los casos de violencia de género en los que se escuche el testimonio de los hijos de las mujeres agredidas, sino también para delitos sexuales a menores y cualquier tipo en el que los niños y adolescentes sean víctimas directas. También a los menores inmigrantes.

Se pretende además que el menor cuente con una defensa letrada propia, independiente de la de sus progenitores, para evitar el denominado síndrome de alienación parental... ¿Cómo en el caso de Juana Rivas?

Porque si de lo que se trata es de evitar ese síndrome de alienación parental, cuya existencia se niega o no, en función de a quién beneficie, cabría pensar que, si en la mayoría de los casos, la custodia del menor la tiene la madre, a quien, cuando se presenta la acusación de tal síndrome, se acusa de lavar el cerebro de su hijo, ¿se va a escuchar a un niño manipulado por su madre?...

Según las fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, el objetivo es eliminar la actual edad mínima de 12 años para la escucha del menor y establecer que esta declaración sea obligatoria. Explican que siempre con una metodología adaptada a la edad de cada niño o adolescente, en presencia de la persona que el menor elija -insistimos, ¿y si la custodia la tiene su madre?- y con profesionales especializados en su atención y del sexo con el que se sientan más cómodos. Estos especialistas deberán contar además con formación obligatoria en trato con menores, un requisito que actualmente no es exigido por la ley vigente.

Sira Rego apenas ha propuesto cosas como ministra... afortunadamente.