Muy fuerte. El miércoles 6 informábamos de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requeriría a Justicia el texto del anteproyecto de reforma del Código Civil en materia de matrimonio abriendo la institución matrimonial a homosexuales. Argumentaba el órgano de gobierno de los jueces que la reforma afectaba a derechos fundamentales y a la organización judicial.
Difícilmente podía negarse el Ministerio de Justicia a dar a conocer un anteproyecto de ley a una institución que, como la Generalitat, también es Estado. Pero lo ha hecho. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha señalado que no remitirá el texto requerido porque no afecta a derechos fundamentales, no es preceptivo y puede ser asumido por los juzgados de familia fácilmente.
¿Qué teme Justicia? ¿Por qué no atiende el requerimiento de información de un órgano que forma parte de las instituciones del Estado? Muy fácil, teme -como ya informamos el pasado viernes- que el CGPJ realice una crítica argumentada desde la óptica técnico-jurídica que ponga patas arriba el proyecto como ya hiciera con la Ley de Violencia de Género. Teme la crítica de una institución que aún no siendo vinculante, tiene suficiente prestigio y autoridad moral como para forzar a sus señorías a revisar el texto.
Y además, tiene prisa. Y como tiene prisa, ha decidido aplicar el rodillo. Un rodillo impresentable que confirma la muerte de Montesquieu y que coloca al órgano de gobierno judicial en situación de guerra. ¿Consistirá en esto el cacareado respeto institucional anunciado por el Gobierno ZP?
