Las abortivas vacaciones del PP

El Gobierno valenciano de Francisco Camps constituye, junto al madrileño, el orgullo del Partido Popular, amén de su principal cosecha de votos. Pero, para que nadie le tilde de poco moderno, poco centrorreformista, ha decidido informa el gratuito 20 Minutos- ofrecer a sus funcionarios más bien funcionarias, aunque nunca se sabe- seis días libres para poder abortar. De lo que se deduce que cinco abortos por año darían lugar a otro mes de vacaciones. Aunque en principio sólo podemos aplaudir tan progresista iniciativa de la derecha valenciana, no conviene olvidar que la medida se queda corta.

Por ejemplo, esos seis días libres deberían ampliarse al padre si se conociera- de la criatura, que tiene tanto derecho como la madre a asesinar a su hijo nonato. Lo otro es sexismo. En el caso de que no esté clara la paternidad, o pueda ser múltiple, todos los padres que reconozcan al abortado, tendrán derecho a los seis días laborables, que podrán incorporar a las vacaciones o algún puente o fin de semana.

Además, los días libres por aborto deben equiparase a la libranza por parto cuatro meses- y demás permisos de maternidad o paternidad, sin discriminación por sexo, religión, raza o nacionalidad. Es cierto que las madres necesitan tiempo para cuidar de sus hijos recién nacidos, pero no lo es menos que la mujer que aborta necesita recuperarse del famoso síndrome postaborto. En este sentido parece obvio reclamar de la administración valenciana del PP una subvención adecuada para financiar los gastos extras del psicólogo, así como las compras extras que ayudan a soportar el correspondiente estado de ansiedad en el que la mujer se sume después del aborto. Tomen ejemplo de la portavoz socialista en la Asamblea madrileña y ex ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que lleva años presumiendo del aborto que realizó en Londres y advirtiendo que lo mejor para superar la depresión postaborto es lo que ella hizo : irse de compras a Harrods.

Ni que decir tiene que la política social de don Francisco Camps y del PP se quedaría coja si sus funcionarios no tuvieran derecho a que el dinero público financie la propia operación de aborto. En este sentido, los propietarios de las clínicas Dator, Isadora, Buenavista y Callao deberían financiar un convenio con el Consell valenciano para obtener sinergias y reducciones en los costes.

Naturalmente, si el aborto se debiera a violencia de género ya sea ejercido por el presunto padre o por el poco presunto feto- toda mujer que aborte deberá tener derecho a instalarse en un centro de acogida y los jueces prescribirán una orden de alejamiento del presunto padre y del poco presunto niño. En este último caso, de los restos del infante.

Y ya por último, no estaría de más que la administración del señor Camps preparara algún tipo de medalla o mención de honor para las funcionarias que aborten. A fin de cuentas, el progresismo más avanzado está llegando a la conclusión de que hay que estar loco para traer nuevos seres humanos a este desquiciado mundo. Otrosí, las mujeres que paren deben pasar a ser consideradas elementos irresponsables, mientras que las que abortan deben ser consideradas amigas de la humanidad que no del hombre.