Sr. Director:
La península ibérica acumula una rica historia de pueblos que confraternizaron y otros que se vieron envueltos en sangrientas guerras. Dicha historia se sigue escribiendo en nuestros días, y el clima político sufre de problemas de identidad nacional. Las respuestas a dichos problemas son deseadas no sólo que aparezcan sino que converjan a una única solución.
Las relaciones político-económicas entre todas las posibles diferentes regiones de la península son, a primera vista, tratadas conforme a criterios puramente basados en el grado de afinidad. De esta manera, la afinidad económica entre los diferentes mercados de dos regiones dadas conlleva una mayor integración en el ámbito económico. Por contrapartida, una mayor heterogeneidad entre los habitantes de dos diferentes regiones provoca tensiones a la hora de decidir una política en común. Si concretizamos estas reflexiones en el caso de nuestro país, España, tenemos por tanto un problema a resolver en relación con el grado de autonomía de las diferentes regiones que forman el estado español. Esta solución, si única, debe de ser planteada en términos de coste-beneficio.
Como beneficios de un estado centralizado aparecen las economías de escala y la solidaridad. Este último concepto ha sido utilizado hasta la infinidad en orden a defender la unidad de España. Sin embargo, una definición más precisa es necesaria para llevar a cabo esta reflexión. Entendemos por solidaridad un contrato que actúe en favor de las regiones desfavorecidas por causa de un shock negativo a la economía, por ejemplo una catástrofe natural. Para que este contrato sea rentable para todas las partes la probabilidad de que dicho shock afecte a cada región debe ser la misma. Un estado centralizado también tiene costes. Estos son aquellos derivados de la ausencia de los instrumentos políticos para mejorar una región dadas sus características específicas. Como ejemplo cabe citar que el impuesto a la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas es decidido para todo el ámbito nacional por el gobierno central, si bien ciertas regiones podrían beneficiarse de un aumento de la competitividad de sus economías mediante la cesión de dicho instrumento fiscal a las autoridades locales.
Por tanto, tenemos planteado un problema de compatibilidad. Si existiera una institución que garantice la convivencia de los beneficios derivados de la solidaridad entre regiones y permita un alto grado de autonomía política, entonces las tensiones desaparecerían. La pregunta de si tal institución existe tiene respuesta afirmativa, y por tanto la existencia del concepto de España queda garantizada. La monarquía es una institución que da cabida a la cohabitación de las diferentes regiones de España con un grado de autonomía financiera capaz de satisfacer las distintas ambiciones de cada región, y a la vez garantizar la idea de solidaridad entre las diferentes regiones. Cabe por tanto a los políticos trabajar en la dirección de lograr los beneficios de una mayor autonomía regional y a la vez de proteger los beneficios derivados de un único país solidario y fuerte económicamente a nivel internacional. La institución que garantiza dicha flexibilidad ya existe en nuestro país, y ésta es la monarquía.
Jaime Pérez Luque
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