La escuela concertada es subsidiaria de la pública porque recibe de esta un mandato. El axioma era corriente en el PSOE, pero hasta ahora sólo los consejeros de Educación de Andalucía se habían atrevido a formularla en público. Ahora es el mismo ministro quien se atreve a lanzar el dardo. Un dardo muy envenenado, sobre todo después de que el Gobierno haya aprobado un reglamento de concierto que restringe todavía más la libertad de los colegios concertados. Probablemente la crisis y la necesidad de austeridad llevará a las diferentes administraciones a ir recortando todavía más la existencia de conciertos. Desde la FERE se reclama una mayor y mejor financiación, pero con la boca pequeña. En el fondo saben que la voluntad del Gobierno es nula.
En el fondo de la polémica hay una visión muy perversa. El ministro considera que es el Estado quien tiene el deber de impartir la educación y que de manera graciosa permite que los colegios concertados realicen su función, con límites y controles. La realidad es la inversa: el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación de todos. Pero eso no significa que tenga la obligación de proveer ese servicio. Si la sociedad de manera organizada y eficaz es capaz de ofrecer el mismo servicio, el Estado debe ser subsidiario y llegar ahí donde no llega la iniciativa social.
La responsabilidad primera y primordial de la educación de los hijos es de los padres. Y son estos los que delegan esta responsabilidad en un centro que les resulta de su confianza. Por las razones que sean: eficacia profesional, afinidad ideológica, sensibilidad religiosa, etc. A partir de ahí, el Estado no debe hacer otra cosa que garantizar que todos los alumnos obtienen un mínimo desempeño común. Nada más. No debería meterse en los máximos, ni en la selección del profesorado, ni del alumnado, ni en la gestión interna. Es el principio de subsidiariedad básico en toda sociedad democrática: la sociedad se construye de abajo a arriba, no a la inversa. Pero quienes detentan una visión totalitaria de la política, pretenden que sea lo público quien lo absorba todo.
Por lo demás, si el principio de subsidiariedad se aplicara correctamente, se permitiría que los centros concertados con elevada demanda pudieran gestionar los centros públicos con demanda inexistente. Es lo razonable. Por el contrario, el Gobierno pretende perseguir a los padres que hacen fraude en el empadronamiento para escolarizar a sus hijos. Una situación forzada por un sistema absolutamente totalitario.
Y es precisamente ese totalitarismo lo que les lleva a un decreto de conciertos restrictivos por la vía burocrática. Y además, Ferraz ya ha dado orden de ir retirando los conciertos. Año a año, que no se note. Estrategia rana: ir calentando el agua poco a poco hasta que se cueza. Menos mal que -según De la Vega- Gabilondo tiene muy buena relación con los religiosos de la enseñanza (FERE). Si fuera mala
