La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que la voluntad del Ejecutivo de no derogar la Ley de Partidos. No, en absoluto. Sin embargo, aunque esa decisión cambiará, Batasuna seguiría siendo ilegal. Así lo entienden al menos en el PP que consideran que tras el auto del juez Grande Marlaska, la vía penal ha complementado la vía administrativa. De esta forma, aunque formalmente se diera luz verde a su resurrección política, penalmente tendría también cerrado el paso, al menos durante el periodo impuesto por el magistrado.
Una garantía más frente a un permanente desplante de unos batasunos que utilizan el derecho a título de inventario. Más grave resulta que haya sido el mismo gobierno quien se haya apuntado a esa estrategia de sobrepasar el Estado de Derecho. Ya saben, es irrelevante de Blanco o el hay que compatibilizar la estricta Ley de Partidos con el derecho constitucional a la reunión. En opinión del secretario general del PP, Ángel Acebes, el gobierno ha dado muestras de tratar de sortear el Estado de Derecho. En su opinión, sólo la firmeza y el estricto cumplimiento de la Ley permitirán acabar con los terroristas. Cuando ilegalizamos el terrorismo callejero nos dijeron que iba a traer consecuencias fatales y no pasó nada, salvo que la kale borroka se acabó, apunta Acebes.
