Mal comienzo para Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el juicio del lunes, en la Audiencia de Madrid, por el Caso de la Carta Falsa o presunta redacción de una misiva artificial para exculpar al los Albertos en el caso Urbanor, donde fueron condenados por el Tribunal Supremo a pagar 24 millones de euros a sus socios aunque el Tribunal Constitucional evitó que fueran a prisión al dictaminar que el delito había prescrito.
Mal comienzo porque, días antes de comenzar el juicio, un juzgado de lo civil dictaminaba, a instancias del constructor Julio San Martín, que el hecho de que el Tribunal Constitucional hubiese evitado la entrada de los Albertos en prisión, la sentencia del Supremo seguía en pie y, por tanto, los Albertos debían abandonar a San Martín 10,8 millones de euros, momento en el cual Sentieri anunció que él también reclamaría el resto que se le adeuda junto a los otros socios de Urbanor, hasta los 24 millones de euros.
En definitiva, al aceptar la jueza como prueba la reciente sentencia civil -en la mañana del lunes, durante la vista previa- el asunto se pone feo para los Albertos. No sólo eso, las relaciones ente los acusados no pueden ser más frías y la impresión que proporcionaban era la de un barco a la deriva donde todo el mundo quiere encontrar un bote, incluido el letrado, aquí imputado, Ramón Hermosilla.
Y lo más importante: aunque los miembros del Tribunal Constitucional siempre podrán alegar que ellos alegaran un defecto de forma -que el delito había caducado- lo cierto es que en el fondo de la cuestión, el TC se ha enfrentado no sólo al Tribunal Supremo sino también a la vía civil. Hasta ahora, eran los Albertos quienes tenían que pagar (y mejor no hablar de los intereses), ahora las salvas se han vuelto lanzas. En definitiva, el prestigio del TC ocurre el peligro de caer aún más bajo. Si los Albertos fueran condenados por inducir la carta falsa, entonces el círculo se cerraría.
Eulogio López
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