Los banqueros saben que la reconversión del mapa financiero español no ha hecho más que empezar. 17 cajas de ahorros -ahora ya bancos todas, menos tres- siguen pareciendo excesivas a los poderes públicos. Es la moda y, al parecer, guiados por el espíritu fatalista de la crisis, no se percibe otra salida que continuar con el proceso de fusiones.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Elena Salgado (en la imagen), ya ha tirado la toalla. A poco menos de dos meses de que entre el nuevo Gobierno, ya no le queda tiempo para hacer nada. Además, hace tiempo que perdió el control de la reforma en favor del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Si ya eso es un fracaso de MAFO en la misma, con dilaciones continuas que encarecen el coste para el erario público, se entiende la parálisis... aunque supondrá más dinero del erario público.
Además, los bancos absorbentes, la gran esperanza de MAFO, están ahora más preocupados por obtener fondos para cuadrar las nuevas exigencias de Bruselas, que todos consideran injustas, que en digerir otras entidades.
Al final, el FROB funciona al ralentí. Sólo confía en que Catalunya Banc y Unnim aguanten el tirón y que Novagalicia Banco, Liberbank y Mare Nostrum encuentren capital privado. La CAM ya no tiene marcha atrás si no quieren que el asunto se acabe de pudrir, pero esa será la única noticia.
Pero hay otra cuestión de fondo aún más peliaguda. MAFO espera ahora las órdenes de Mariano Rajoy para afrontar el verdadero, casi único, problema del sistema bancario español -además de la liquidez, claro está-: la actualización de las pérdidas del crédito promotor, que algunos cifran en 175.000 millones. El programa del Partido Popular habla de actualizar esas pérdidas -algo que debió hacerse tres años atrás- y, si fuera el caso, apoyar con fondos públicos a aquellas entidades incapaces de asumir la minusvaloración. Vamos, que aquí no quiebra nadie y aquí no se fusiona nadie.
Miriam Prat
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