- Diversas asociaciones piden al Defensor del Pueblo que presente un recurso de constitucionalidad contra las dos normas proLGTBI en cuestión.
- Y además, Enraizados recoge firmas en defensa de Carlos Martínez, director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
- Todo el argumentario está en la condena que hicieron los obispos de Alcalá y Getafe contra las leyes de ideología de género y no discriminación.
- Estas dos leyes homosexualistas atentan contra la libertad religiosa, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra.
- En primer lugar, obligan al centro educativo religioso a ir contra su ideario.
- Segundo, atentan contra el derecho de los padres a llevar a sus hijos al centro que quieran.
- Y tercero, obligan a los profesores a enseñar algo que va contra la doctrina social de la Iglesia.
Esta semana hay una nueva iniciativa contra las leyes homosexualistas de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes (
en la imagen, en la celebración de la Virgen de la Almudena, a la que asistieron varios obispos, entre ellos Reig Pla). Diversas entidades sociales, entre ellas Enraizados, han pedido al
Defensor del Pueblo que presente un
recurso de inconstitucionalidad contra las dos
leyes proLGTBI.
La campaña incluye una
recogida de firmas para apoyar a Carlos Martínez, director del
Colegio Juan Pablo II de Alcorcón,
al que Cifuentes quiere encarcelar por homófobo, naturalmente. Esto último es la segunda 'canallada' de la presidenta madrileña (la primera fue la aprobación de las leyes homosexualistas). Recuerden que
Cifuentes ha remitido al fiscal la carta que Carlos Martínez envió a los padres informando de que no iba a cumplir las normas, por si fuera constitutiva de delito de homofobia.
Todo el argumentario de la iniciativa lo encontramos en la
condena que hicieron los obispos de Alcalá de Henares y Getafe contra las leyes de
ideología de género y
no discriminación de Cifuentes. Recuerden que los obispos Juan Antonio Reig Pla, Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, y José Rico Pavés señalaron que esas dos normas
atentan contra la libertad religiosa, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. Derechos que aparecen recogidos en la Constitución española.
En primer lugar, las dos leyes proLGTBI
obligan al centro educativo religioso a ir contra su ideario. Pero Cifuentes va más allá, como se ha visto en el caso del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón: no sólo
impone el homosexualismo en colegios públicos y religiosos sino que, además,
amenaza con retirar el concierto y, encima, no duda en llevar a los tribunales a quien no quiera obedecerla.
Segundo, las leyes de ideología de género y no discriminación
atentan contra el derecho de los padres a llevar a sus hijos al centro que quieran. Una elección que los padres toman, sobre todo, en el caso de los centros religiosos, para que sus hijos sean educados según sus propias creencias y convicciones.
Y tercero, las dos normas de Cifuentes obligan a los profesores a enseñar algo que va contra
la doctrina social de la Iglesia. Además, en el caso de los docentes de un centro religioso, la mayoría tiene convicciones y creencias acordes al ideario del mismo.
Por tanto, hay una conclusión clara: la
imposición de la ideología LGTBI (que no sólo afecta a Madrid, sino también a otras regiones y países) vulnera la libertad de expresión y también atenta contra derechos recogidos en la Constitución.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
