Este martes, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado “medidas cautelarísimas” al Juzgado de lo Contencioso de Madrid para que permita a los monjes benedictinos acceder a la basílica del Valle de los Caídos y oficiar misa, unos días después de que la Guardia Civil les echara. Así, recurren el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, recordando que el Tribunal Supremo ordena exhumar a Franco, no el cierre de la basílica ni la expulsión de los monjes.

Insisten en que el cierre de dicho templo “vulnera derechos fundamentales, como el de la libertad religiosa”, afirma Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos a Hispanidad. Por tanto, lo que señala el acuerdo del Gobierno en funciones “es ilegal y no tiene amparo ni en la sentencia del Supremo ni en la Constitución. Es una decisión totalmente dictatorial”, añade.

Una situación “tan grave nos hace suponer que lo que realmente pretenden es derribar la cruz, que ha sido su objetivo desde el principio”. Y es que con el cierre del Valle de los Caídos “no se dan garantías de lo que van a hacer allí… y da para sospechar”.

En el entretanto, el Gobierno ha realizado, en la mañana del martes, un "ensayo general" del desenterramiento: las grandes obras artísticas, por ejemplo, desenterrar a un muerto, necesitan muchos ensayos.