Ryanair está cada vez más acorralada. Días después de que se conociera que afronta nuevas demandas judiciales y podría tener otra posible huelga en septiembre, empleados y sindicatos exigen un cambio de modelo de negocio a los accionistas.

Entre ellos, encontramos al propio CEO de la low cost, Michael O’Leary (3,8% del capital), así como a Baillie Gifford (4,8%), una firma de gestión de inversiones que es propiedad de 44 socios que trabajan en la aerolínea. Pero también está el HSBC (4,8%), el fondo de inversión Fidelity (5,5%) o la empresa de gestión Capital Research and Management (17%). 

El CEO (O'Leary), la firma de inversiones Baillie Gifford, HSBC, Fidelity y Capital Research and Management son los principales accionistas 

Los sindicatos españoles USO y Sitcpla, el portugués SNPVAC, los belgas CNE-CSC y LBC-NVK, y el italiano UIL FILT-CGIL les han enviado una carta pidiendo un cambio en su modelo de negocio para garantizar los derechos de empleados y pasajeros. Al hilo de esto, insisten en que aplique la legislación local en cada país y demandan soluciones que eviten más conflictos laborales.

Los sindicatos están dispuestos a negociar, pero quieren que los interlocutores sean designados por las organizaciones sindicales y no por Ryanair. Es cierto que la low cost ha firmado el “reconocimiento de los sindicatos” en el papel, pero en la práctica no ha hecho ningún avance ni ha firmado ningún convenio colectivo.

Al mismo tiempo, señalan que la “política de recursos humanos tiene aspectos similares a organizaciones mafiosas y regímenes dictatoriales”, en palabras de Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo. Como hemos visto en las últimas semanas, Ryanair no tiene reparos en usar el acoso, las sanciones, el envío de cartas y/o e-mails intimidatorios y las amenazas con recortar empleos en el trato a sus empleados. Por todo ello, los sindicatos concluyen que la dirección de la low cost no tiene la sensibilidad adecuada ante la realidad laboral de sus empleados ni su confianza.