Las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

“Las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y -con frecuencia- letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El Estado debe dejar de inmediato de reprimir a las personas que se manifiestan, y particularmente a jóvenes estudiantes, y respetar su derecho a criticar las políticas públicas. En lugar de criminalizarles, el gobierno del Presidente Ortega debe permitir la creación de una comisión internacional que lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva y, si procede, formular cargos contra todas las personas que sean sospechosas de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.”

Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones. Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.

Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas

Amnistía Internacional documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existen indicios de que la policía y los grupos parapoliciales hayan cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales.

La estrategia de represión parece haber sido ordenada desde las más altas instancias del gobierno. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo demonizaron reiteradamente a las personas que se manifestaban y negaron que se hubiera matado a gente, mientras las autoridades públicas negaban a las víctimas la atención médica, manipulaban pruebas y se negaban a ordenar autopsias y otros exámenes forenses.

El uso de grupos parapoliciales, conocidos también como “turbas sandinistas”, ha desempeñado un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, pues las autoridades les han permitido atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando así tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques.