Entiende que a la gente no le guste pagar y defiende el esfuerzo realizado en justicia gratuita para rentas bajas

Miembros de la judicatura, fiscales, abogados, todos critican en público y en privado las nuevas tasas judiciales.

Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, ha señalado que respeta "la valoración de los sectores, pero al Gobierno le corresponde tomar decisiones y al Parlamento aprobar las leyes oportunas". Y no están dispuestos a dar marcha atrás.

Ha dado a entender la vicepresidenta de Gobierno que comprende que a la gente no le guste pagar: "Estas medidas no siempre son fáciles ni populares". "Es habitual pedirle al Gobierno que haga cosas hasta que afecta a la que toca a su ámbito". Y ha defendido que gracias a esta medida las clases más desfavorecidas podrán seguir beneficiándose de la gratuidad de la justicia y ampliar los supuestos en los que podrá accederse a este servicio gracias a lo que paguen de más "los que sí tienen dinero para litigar".

Ha insistido la vicepresidenta en el tema tantas veces mencionado del exceso de litigiosidad en nuestro país, al tiempo que ha recordado que el coste de lo que pagan los ciudadanos españoles en los casos marcados por la nueva ley está muy por debajo de la media Europea.

Y los que tienen acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita están exentos del pago de las tasas, y así mismo, de los costes de abogados y procuradores. "El aumento permitirá ampliar los umbrales", ha señalado, para acceder a estos servicios. Se trata de que "quien no tiene recursos pueda litigar a costa de que quien los tiene pueda pagar".

Sara Olivo

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