• Recientemente, Esperanza Aguirre denunciaba que hay municipios en España que albergan distintos niveles de Administración, como "distrito, ayuntamiento, comarca, diputación provincial, gobierno regional, gobierno de España y gobierno europeo: esto no puede ser".
  • El Gobierno prepara también una Reforma Local para disolver casi el 50% de las empresas públicas dependientes de los Ayuntamientos.
  • Pero hacen falta más reformas en la administración, hasta dejar lo mínimo imprescindible y optimizar recursos y competencias.
  • Este jueves, la vicepresidenta Soraya ha anunciado la creación de un Consejo independiente que vigilará la Ley de Transparencia.
  • Porque ¿cuántas comilonas, viajes, llamadas, y hasta prostíbulos se han pagado con dinero público, nos preguntamos los ciudadanos.
Lo que nos cuesta la Administración -o las distintas administraciones- a los ciudadanos es un tema caliente. No hace mucho, la política del PP Esperanza Aguirre denunciaba que hay municipios en España que albergan distintos niveles de Administración, como "distrito, ayuntamiento, comarca, diputación provincial, gobierno regional, gobierno de España y gobierno europeo: esto no puede ser". Tiene toda la razón.

Y cada vez más voces reclaman ajustes en la Administración, reducir su tamaño, optimizar competencias, eliminar organismos públicos que son una ruina. Que se quede lo mínimo imprescindible en la Administración y el resto se elimine para reducir gastos y que el ajuste que nos pide Europa y nos exigen las deudas acumuladas estos años de gastos efectuados alegremente no recaiga sólo en los bolsillos de los españoles.

En ese sentido, todo lo que sea ganar en 'transparencia' y en que los ciudadanos sepamos en qué se gastan nuestro dinero políticos irresponsables es bueno (cuántas comilonas, viajes, llamadas, y hasta prostíbulos se han pagado con dinero público, ¿verdad).

Esta mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (en la imagen), ha anunciado que el Ejecutivo va a acceder que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada 'Agencia de Transparencia' que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un consejo independiente, denominado 'Consejo de Transparencia y Buen Gobierno' "con mayor transparencia y especialización".

De esta forma, el Ejecutivo da respuesta a la queja de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.

Sáenz de Santamaría ha avanzado que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos. Bueno, algo es algo y a ver si es verdad.

Pero hace falta también, como decíamos, suprimir organismos, recortar niveles de la Administración. Y parece ser que el Gobierno algo prepara. Según informa Invertia, la Reforma Local "disolverá" casi el 50% de las empresas públicas dependientes de los Ayuntamientos. La nueva ley podría eliminar en torno a 500 sociedades municipales que cuentan con unos 30.000 trabajadores, según los cálculos de la Red de Empresas Locales de Interés General (Red Elige).

Dicha Reforma Local prevé ahorrar 7.129 millones de euros. Para ello, además de eliminar empresas públicas locales, que supondrá un ahorro de entre 80 y 100 millones, según la Red Elige, el Gobierno suprimirá el sueldo al 82% de los concejales y reducirá drásticamente el número de asesores. De esta forma, 56.097 ediles de los 8.166 ayuntamientos españoles trabajarán sin salario y sólo 12.188 tendrán dedicación exclusiva. Pero no afecta a las empresas públicas dependientes de las Comunidades Autónomas (975, hasta mediados de 2012) ni del Estado (243).

Estas reformas son necesarias. Ejemplos hay algunos. Uno de los últimos: el alcalde de Cortes de la Frontera (Málaga), Antonio Granero (PA), se ha subido el sueldo de 900 a 2.500 euros con efecto retroactivo cuando el Ayuntamiento debe a sus alrededor de ochenta trabajadores las nóminas de marzo y abril, según ha denunciado el sindicato CSIF, informaba ABC.

Cosas así son las que nos indignan a los ciudadanos. Bienvenida la ley de Transparencia y la reforma local. Pero hacen falta más, señor Rajoy, como usted prometió en su programa electoral.

José Ángel Gutiérrez
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