Anda confundida la ministra de Sanidad, Leire Pajín, empeñada en promulgar la Ley de Muerte Digna ante de abandonar el poder.

Y es que la tragedia acaecida en la localidad vallisoletana de Boecillo le ha pillado en fuera de juego. Presuntamente, una cuidadora del centro mató a tres menores, minusválidos psíquicos. Al parecer, según algunas informaciones, aunque no oficiales, no soportaba verlos sufrir, lo que recuerda las palabras de Chesterton: "Dios nos libre de los filántropos, especialmente de los filántropos sensibles".

Los tres minusválidos, según el progresismo gubernamental, estaban condenados a una vida de calamidades, un submundo al que mejor poner límite por la fuerza. Ahora bien, cuando la opinión pública comprueba en que consiste la eutanasia en la práctica, la sensibilidad progresista deja de entusiasmarle.

La eutanasia es una mesa con tres patas. En primer lugar, se apoya en "decidir por otro", sea porque se trata de un deficiente, un comatoso o un anciano más o menos senil.

En segundo lugar, ligado a lo anterior, es imprescindible que acto letal lo ejecute otro, a ser posible un médico, al que se coloca en el brete de tener que matar al paciente en lugar de mantenerle en vida.

Y, como resultado de los otros dos principios, surge el tercero, que más que teoría es práctica: conviene que el interesado no mantenga la consciencia, es decir, su conciencia, porque, a pesar de que siempre existen suicidas, el común de los mortales se niega a abandonar este mundo que, después de todo, no debe ser tan malo.

Así que, aunque el nuevo paquete de medidas económicas que el Consejo de Ministros aprobará el viernes 19 será tramitado en el Congreso por procedimiento de urgencia, con la convocatoria de un pleno parlamentario en pleno mes de agosto, nadie sabe lo que va ocurrir con la ley de eutanasia o la de Igualdad de Trato, dos perlas progres del Gobierno ZP. Sobre todo, después de Boecillo, con la primera.

Eulogio López

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