• El Ministerio de Agricultura ha ignorado las peticiones del último eslabón de la cadena de alimentación para que las normas fueran de autorregulación y no sancionadoras.
  • De las cuatrocientas propuestas enviadas por los distribuidores, sólo esa petición no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno.
  • La Ley pretende ayudar a los agricultores y ganaderos, hasta ahora muy atomizados e indefensos ante los intereses de las empresas de distribución.
  • Al mismo tiempo, se ha aprobado un proyecto de Ley que pretende favorecer la fusión de cooperativas para favorecer su competitividad en Europa.

Miguel Ángel Arias Cañete, el ministro mejor valorado por los españoles (en la imagen junto a la vicepresidenta) ha comparecido en rueda de prensa junto a Soraya Sáenz de Santamaría para informar sobre la aprobación del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones entre agricultores, industrias y empresas de distribución.

Con este proyecto de Ley, el Gobierno protege y ata en corto a las empresas de distribución, con un 40,3% de cuota de mercado concentrado en cinco operadores a nivel nacional de toda la alimentación.

De hecho, según fuentes gubernamentales, de las cerca de cuatrocientas peticiones formuladas por los operadores para matizar y modificar el proyecto de ley, se han tenido todas en cuenta salvo la que pedía excluir las medidas sancionadoras y sustituirlas por códigos de buena conducta.

El objetivo fundamental de la ley es proteger a los productores de las explotaciones agrícolas y ganaderas, un sector muy atomizado, con 987.787 unidades, y una industria que agrupa a 29.334 empresas. Las cadenas de distribución tenían la sartén por el mango, y los productores, según ha señalado Arias Cañete, "veían muy limitada su capacidad de negociación".

Entre las novedades que aporta la ley se establece un sistema de regulación que fija el régimen de contratación y las prácticas comerciales abusivas. Se prohíbe acabar con las modificaciones de las condiciones contractuales que tanto perjudicaban a los productores, quienes no tenían más remedio que aceptar lo que se les ofrecía. Se regulan las subastas electrónicas y la obligación de conservar documentos.

Amén de otras normas de excepcional interés para los agricultores, se introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos.

Este viernes se ha aprobado también un Proyecto de Ley que pretende favorecer la fusión de cooperativas para favorecer su competitividad en Europa.

Sara Olivo

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