La situación en el municipio madrileño de Pinto está cada vez más complicada. Un total de 122 viviendas están okupadas ilegalmente, el 3,5% del parque total, según ha informado desde el propio Ayuntamiento. 

En base a los datos del Ministerio de Vivienda, llamadas al 112, información en portales inmobiliarios y a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el Consistorio ha podido ver la gravedad del asunto.

Esto es lo que ha hecho que se convierta en uno de los primeros municipios en poner límites al empadronamiento libre de personas en domicilios. Fue gracias al apoyo de Vox, con el que el alcalde, Salomón Aguado, pudo condicionar el empadronamiento a que los solicitantes presenten alguna documentación de su residencia, como el título de propiedad o el contrato de alquiler.

El portavoz del Gobierno municipal y concejal de Seguridad, Fernando González, ha recalcado el compromiso por "trabajar decididamente para acabar con esta lacra, apoyar a los propietarios y también asistir a cualquier familia vulnerable". Además, su concejalía junto con la de Vvivienda y Servicios a la Ciudad, dirigida por María Jesús Pérez, han organizado la primera jornada sobre 'Okupación Cero' para "dar voz y visibilizar este problema, que genera preocupación social y una innegable y evidente sensación de inseguridad en la ciudadanía".

El regidor ha insistido en que "la okupación ilegal de viviendas no es solo un problema jurídico, es un delito" y ha reclamado al Gobierno central "derogar esa nefasta Ley de Vivienda, que desprotege a los legítimos propietarios y da alas a los okupas".

La situación de Pinto no debe alarmarles, es una anomalía seguramente provocada por la fascista de Ayuso. La realidad ya nos lo explicó la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, esta misma semana: es que "Hay más riesgo en perder el móvil que de que te okupen la casa, por eso nunca te regalan el seguro del móvil"... ¿comprenden?