El próximo viernes 19 el Consejo de Ministros otorgará otros nueve canales a las 6 empresas que componen el oligopolio televisivo español: Tele 5 (Berlusconi), Cuatro (PRISA, ahora fusionada con Berlusconi), A-3 TV (Planeta), La Sexta (Mediapro), Veo TV (Unedisa-El Mundo) y Net TV (Vocento-ABC). Todos dispondrán de cuatro canales, es decir, serán 24 canales -programaciones, si lo quieren, en la jerga del sector. A-3 TV, Tele 5 y Cuatro ya tienen tres, así que recibirán uno más. Vocento, Unedisa y La Sexta tienen dos, así que recibirán otros dos. La COPE y demás grupos editoriales, como Godó o Zeta, se quedan si nada: que se conformen con las licencias de alcance regional o local.
Es otro favor, el penúltimo, del Gobierno Zapatero al oligopolio de quien, así, se asegura la docilidad. Al menos, serán políticamente correctos con el Gobierno. Telebasura toda la que quieran, pero críticas al poder político, económico o cultural no más de las que exige el espejismo del pluralismo.
Dejando a una lado el pequeño detalle de que la TV privada en España queda en manos de los italianos (2 canales controlados más la parte de Agostini en A-3 TV, socio histórico de Planeta en A-3 TV), en breve, los seis operadores corren el riesgo de quedarse en dos (fusión de Mediaset y PRISA, posible fusión de Planeta y Mediapro, y posible fusión a cualquiera de las dos anteriores de Vocento-ABC y Unedisa-El Mundo. Al parecer la TV puede dar grandes beneficios pero requiere de grandes inversiones que muchos medios no pueden o no quieren realizar. A la postre, el favor del Gobierno lo rentabilizaran alquilando el canal a terceros, al módico precio actual de entre 5 y 7 millones de euros anuales. Es lo que podíamos llamar la especulación en el régimen concesional-digital.
La cacicada se consuma en el próximo Consejo de Ministros, en principio previsto para el día de San José, con el personal de puente. De esta forma la digitalización, que nació para aumentar el pluralismo, lo reducirá al mínimo. Así, además de volver a conceder el premio a los seis elegidos de siempre, el Gobierno le ha cedido a los privados los 40 millones de euros de publicidad en la TV pública y, también de paso, les ha abierto la TDT de pago (para que obtengan dinero por publicidad y por pago por visión). Se cuidarán mucho de ser duros con el Gobierno.
Y, de postre, en la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), instrumento censor, en el que por tonterías tan sensibles como ataques machistas a la ideología de género imperante, te pueden quitar la licencia de explotación. Es el típico instrumento de poder dictatorial que no se emplea casi nunca pero que todos saben que puede emplearse.
Eso sí, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega ha vuelto a meter la pata: una enmienda en la Ley Audiovisual se ha colado por la puerta de atrás para permitir la emisión conjunta de canales regionales o locales. Ojo, porque así empezó burlando la ley Silvio Berlsuconi en Italia. El asunto favorece a Vocento, que, además de ser miembro del oligopolio, posee una red de TV locales ligadas a su grupo regional de prensa, capitaneado por el grupo Correo.
Pero los hay que son insaciables. Ojo con Juan Luis Cebrián, que intenta imponer, ahora que todavía puede, un sistema de recepción no universal para la TDT de pago. Vuelven aquellas estúpidas luchas tecnológicas entre Vía Digital y Canal Satélite Digital, ahora entre Mediapro, que tiene una tarjeta universal y Cebrián que, por aquello de fastidiar, presta una propia.
Eulogio López
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