Estimada amiga Miriam Prat:
He leído con atención e interés su nota sobre lo publicado en La Vanguardia sobre la eutanasia

 

Estoy de acuerdo en lo esencial, pero me gustaría matizar la cuestión del médico; cuando se menciona la palabra, todos pensamos en Montes y Leganés. Ahora bien: no todos los médicos son Montes. Y lo que pretenden los promotores de la ley de marras no es autorizar a los tipos como él que en mundo hay, que son muchos, sino obsequiar con poder sobre la vida y la muerte al Estado, la institución que en última instancia autoriza y que es representada por el médico en este caso.

Yo he escrito bastante sobre el tema, es decir, he reflexionado sobre él, y como tengo la edad suficiente para haber visto de todo y vivido de todo, tengo que decirle que hay otro asunto que me inquieta tanto como el Estado: el de la decisión familiar. Si uno es rico, gordo, noble y de derechas, como solía autodefinirse Agustín de Foxá, tiene unos cuantos números para que sus herederos se pronuncien en favor de un adelanto del óbito. ¿Y quién le pide la opinión a la familia? El Estado, amablemente. En forma de galeno, notario o director de hospital. En fin, asunto espinudo.

El link que le envío al pie de ésta es de hace dos años, cuando empezó a plantearse el asunto.

Horacio Vázquez-Rial