La voracidad de la SGAE es tal que llega hasta las bibliotecas municipales. Actualmente se encuentra en sede judicial la posibilidad de que la sociedad de autores establezca un canon a los libros que se encuentran en las bibliotecas municipales. Los leen muchos ciudadanos, pero el autor no percibe un duro. Y por aquello de la democratización de la cultura, pretenden que las bibliotecas coloquen un canon, algo a lo que el Gobierno tampoco hace ascos.
La pregunta ahora es ¿quién pagará el canon? La ministra de Cultura Carmen Calvo la ha resuelto de manera radical: En ningún caso será el ciudadano usuario de las bibliotecas quien abone dicho canon. Entonces, ¿quién? El sufrido contribuyente, que para eso está.
Y como el Gobierno está empeñado en extender el hábito de lectura y en que los españoles paseemos un libro porque no se queda colgado, ni se apaga, y te acompañará siempre (Calvo dixit) pues resulta que las compras de libros elevadas en un 1.300% respecto a los presupuestos de Aznar- se realizarán en las librerías. ¡Toma eficiencia! Se trata de apoyar a la red de bibliotecas con el bolsillo del contribuyente, que parece ser infinito.
