Las oficinas de apoyo a las víctimas se multiplican. Dicen que para favorecer la coordinación de las ayudas y apoyo. Pero la dispersión de oficinas parece generar esa dispersión de ayudas y solapamiento competencial. En el Ministerio del Interior existe la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Ha mantenido una buena interlocución con las víctimas desde que la Ley de Solidaridad regulara las ayudas a las que tenían derecho. Su eficacia ha sido notable y su sensibilidad con las víctimas, también.
Pero el Ejecutivo se inventó el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo con el objeto de coordinar. Durante la presentación de tal figura no quedaron claras sus competencias. La ministra portavoz, Mª Teresa Fernández de la Vega, explicó que se trataba de "coordinación e impulso". O sea, humo. Lo mismo que la Oficina de la Audiencia Nacional, que, en principio, informará a los familiares de las víctimas sobre la evolución de los juicios. Una buena iniciativa que, sin embargo, podría haber sido asumida por el Alto Comisionado si no fuera porque su titular, Gregorio Peces-Barba, no goza del favor de la principal asociación representativa de las víctimas del terrorism la AVT.
