La Fiscalía es un organismo jerárquico, como el ejército. Si es jerárquico es más bien poco dependiente del Gobierno, quien, además, nombra al fiscal general.
Pero dejemos eso. El caso es que si la Fiscalía es jerárquica y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce (en la imagen), quiere ponerle una querella a Artur Mas y los fiscales catalanes se oponen, es que el teniente le ha hecho una higa al capitán.
Lo cual, por cierto, es muy representativo de la atmósfera dominante en España: digamos que falta una pelín de disciplina. Lo cual no es malo en una dictadura pero sí cuando esa insubordinación viene en función del cargo, porque entonces es pura incoherencia. En plata, si los fiscales catalanes desobedecen a su jefe, lo que tienen que hacer es dimitir.
Por lo demás, Torres-Dulce ha sido aquí un juguete de la otra incoherencia, la del Gobierno Rajoy. Si el Gobierno no hubiera interpuesto el segundo recurso ante el Tribunal Constitucional (el segundo, que el primero, el del referéndum, era de justicia e hizo muy bien), el TC no hubiera calificado de ilegal el 9-N y Torres-Dulce no se vería obligado a convertirse en una vedette de ópera bufa o más bien porno.
¿Qué debería haber hecho Rajoy En primer lugar, no recurrir. Pero una vez recurrido, lo que tenía que haber hecho es prohibir por orden gubernativa el 9-N. Lo que no vale es que Artur Mas utilice a funcionarios y voluntarios para eludir su responsabilidad y que Mariano Rajoy utilice a los tribunales para eludir su responsabilidad. Traducido: para no mojarse el trasero.
Otra vez: mucho más peligroso que politizar la justicia es judicializar la política.
Hispanidad
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