La realidad es que desde seis meses antes del alto el fuego, las cifras de detenciones pasaron a cero. Las detenciones se producen cuando se puede, señala a este cronista De la Vega. El Foro de Ermua denunció la existencia de una tregua tácita del Gobierno a ETA. Y ahora es la propia banda criminal la que le recrimina al Gobierno el incumplimiento de sus compromisos. Si no es cierto el compromiso de tregua por parte del gobierno, bien lo parece.
Rubalcaba presumía desde antes de ser ministro del Interior que el Gobierno mantenía una política antiterrorista dura y que se habían detenido más comandos que durante el gobierno anterior. Pero la realidad es que desde que en septiembre ETA dejara una oferta de negociación en el despacho de Zapatero, el Presidente ha frenado la actuación policial para tratar de agradar a los violentos.
Los datos cantan. No se produjeron detenciones en los seis meses previos al alto el fuego, según denuncia el Foro de Ermua. Y su presidente, Mikel Buesa, catedrático de universidad, sabe que eso es suficiente evidencia científica para establecer relación causa-efecto. La afirmación de la vicepresidenta a este cronista apuntando a que las detenciones se producen cuando se pueden, sencillamente no se sostiene.
Lo mismo podemos decir de la Ertzaintza que llevaba dos años sin detener a un solo etarra y justo al día siguiente del alto el fuego, se producen las primeras detenciones. Sólo una casualidad. Pero el PNV estaba viendo que se quedaba fuera del proceso y no estaba por la labor.
Esta era la exigencia de los etarras: que se frenen las hostilidades y la persecución contra la izquierda abertzale. Y este es también el compromiso del Gobierno, al menos según la versión etarra. Por supuesto, no es lo que le dijo Zapatero a Rajoy. ¿Quién miente?
En paralelo, Francia no ha cesado en su acaso al entramado etarra. Y curiosamente, el santuario ha sido mucho más agresivo contra los violentos que el propio gobierno español. Y son precisamente la juez Laurence Le Vert junto a Grande-Marlaska los protagonistas de una operación que pone patas arriba a ETA SA.
Por supuesto, el Gobierno no puede controlar a los jueces.
