El presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, no acudió al jugado número 35 de Madrid cuando fue requerido por la juez para explicar qué se hizo con los 300 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) había proporcionado al Grupo Marsans para pagar las deudas de Aerolíneas. Tendrá que hacerlo cuando sea citado por segunda vez, pero lo más importante es que los acreedores minoritarios, que se consideran estafados por el Grupo Marsans, propietario de la compañía argentina de bandera, ampliaron la denuncia contra los máximos responsables de Marsans, Gonzalo Pascual y Antonio Díaz. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho suya la demanda y actuará en el caso.
Pero esto no es lo más importante. Lo relevante ahora es que el Gobierno Zapatero ha tomado cartas en el asunto. Por de pronto, a instancias de la propia SEPI, el Tribunal de Cuentas estudiará el caso Aerolíneas, por si hubo alguna irregularidad, durante el periodo del Gobierno Aznar en la concesión de subvenciones a Marsans para salvar Aerolíneas, y también investigará si este dinero se destinó al objetivo previsto o si hubo desvío de fondos por parte de Marsans.
En esas circunstancias, hasta el mismísimo Pascual ha perdido la esperanza de que la SEPI le abone los 85 millones de dólares que quedan por transferirles para el reflotamiento de Aerolíneas. Digamos que tras meses de duda, desde su acceso al poder, el Gobierno español se vuelve con la misma fuerza que el argentino contra el Grupo Marsans, que con la entrada en danza de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas adquiere una nueva dimensión.
