El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, viajan poco juntos. Lo hicieron en el mismo Mistere oficial en abril, al funeral por Juan Pablo II. Fue en ese viaje cuando Rajoy le aconsejó a zapatero que dejara en paz a los católicos. La repuesta de este fue despectiva: Los católicos son cuatro gatos que no pintan nada. Y apenas quedna católicos en España.

Tras las manifestaciones del 18 de junio y del 12 de noviembre- ambas con el apoyo de los obispos, zapatero ha debido cambiar de opinión. Ahora, sólo espera que amaine la tormenta, que a pase el efecto, y se olvide. Ha descubierto que la Iglesia tiene capacidad de convocatoria y que España no ha dejado de ser católica.

Pero para Zapatero eso sólo significa que se ha topado con un enemigo más poderoso de lo esperado. Así, y tras el fracaso del viaje de la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega al Vaticano, la orden continua siendo asfixiar económicamente a la Iglesia. Un viaje que aún no se ha contado, porque lo cierto es que la entrevista con el secretario de Estado vaticano, Angelo Sodano, fue durísima.

En cualquier caso, para lograr la asfixia económica de la Iglesia, nada mejor que movilizar a un aliado natural como es Izquierda Unida. Si su coordinador, Gaspar Llamazares, hablaba el domingo de una ley educativa de máximos, su colega catalán, el diputado Joan Herrera, pidió el martes en el Congreso el fin de la financiación ala Iglesia católica. Para ser exactos, Herrera argumentó que no se pueden utilizar los impuestos de los ciudadanos para financiar a unos curas que organizan manifestaciones donde se difunden mentiras.

De esta forma, Herrera apoyaba las tesis de la vicepresidenta De la Vega tras su visita a Roma, para quien la Iglesia debe autofinanciarse. Lo cierto es que lo que el Estado financia a la Iglesia es 30 millones de euros. El resto, o bien lo han decidido los ciudadanos a través de su 0,5% de IRPF o bien se trata de financiación de las actividades educativas o sociales de la Iglesia, en cuyo caso, quitarle ese dinero a la Iglesia exigiría quitárselo a las ONG (el régimen fiscal de ONG y fundaciones es calcado del que disfruta la Iglesia) o aumentar las plazas de la escuela pública, sabiendo que un puesto escolar concertado le sale al Estado más barato que un puesto escolar estatal.

Por eso, como ya hemos informado en estas pantallas, el Gobierno piensa en otras medidas para conseguir esa asfixia económica del cler por ejemplo, en la contribución urbana, que de aplicarse sin desgravación sería terrible para una institución cuyos templos ocupan el centro de las ciudades.