Los casos de explotación sexual de menores tuteladas saltan a la actualidad, desde Valencia hasta País Vasco, pasando, en su día, por Baleares. Recordemos que en Valencia, la víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, ha recurrido el archivo de la causa por el "radical e inexplicado cambio de criterio del instructor, que ahora no ve delito donde antes sí lo vio".

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Ahora es Vox el que ha presentado un recurso de apelación directa al acuerdo de sobreseimiento provisional de dicho 'caso Oltra', en el que se investiga si la entonces consejera de Igualdad de la Generalidad Valenciana mandó instrucciones a los funcionarios para encubrir a su entonces marido, condenado por abuso sexual a una menor tutelada.

Para la coordinadora Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, junto con el equipo jurídico provincial de Vox en Valencia, que han trabajado este asunto, consideran que el sobreseimiento de esta causa es «tan rápido como abrupto». «Causa evidente extrañeza a esta parte que en este estadio procesal no se haya tenido posibilidad de solicita la práctica de nueves diligencias derivadas del alzamiento del secreto de la Pieza Separada, así como instar la apertura del juicio oral, sustrayendo a esta parte de la posibilidad de formular acusación, obteniendo un pronunciamiento en tal sentido, mucho más acorde con la complejidad y la extensión de la instrucción, así como la garantía procesal para todas las partes intervinientes», recoge el escrito.

Así, esta situación entronca con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, así como a los derechos a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, por lo que considera como una actividad instructora insuficiente. Y es que, el rápido sobreseimiento de la causa ha evitado que las partes acusadoras tengan la posibilidad de aportar su análisis de los hechos, y de hacer acusación.

Destaca Castro al Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, las contradicciones en las declaraciones de los investigados y testigos que evidencian la comisión delictiva que se ha estado investigando.

Se refiere también Vox a la Pieza Separada de la que no se han obtenido pruebas de una suerte de instrucciones por parte de Oltra a los funcionarios a través de correos electrónicos. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «existen muchas otras formas y vías alternativas de haber transmitido dichas instrucciones o incluso presiones al resto de funcionarios, tales como reuniones presenciales, e incluso vía telefónica».