El gobierno ha aprobado pedir a Francia la ampliación de la extradición de la dirigente histórica de ETA, Belén González Peñalva, Carmen, casualmente la interlocutora de la banda con el gobierno en las negociaciones de Argel (1989) y de Suiza (1999). González Peñalva fue entregada temporalmente por Francia en noviembre del año pasado después de cumplir la condena que le impuso el Tribunal Correccional de París.
Carmen fue condenada por colocar una bomba en las oficinas centrales de Telefónica en la madrileña calle de Ríos Rosas en febrero de 1982: accedió al edificio encañonando a tres empleados y una vez dentro hizo explotar un artefacto causando varios heridos y afortunadamente- ningún muerto. El gobierno pide la extradición por delitos de estragos terroristas, una continuación del procedimiento de extradición ya que el Ejecutivo ha realizado anteriormente otras peticiones por otros delitos.
Si nos encontráramos en otras circunstancias el análisis sería diferente. Francia siempre ha jugado con la extradición de los presos etarras como baza en su negociación con España. Y España siempre ha dispuesta a pagar el precio para poder juzgar y sancionar a nuestros terroristas. Pero ahora las cosas han cambiado. La derecha francesa mantiene la mano dura frente al fenómeno del terrorismo etarra mientras que el gobierno español parece haber dejado de pisar el freno del acelerador.
Las expectativas de excarcelaciones, acercamientos e indultos son altas entre el colectivo de presos de ETA. Y lo que se está produciendo es algo que no había ocurrido hasta ahora: presiones por parte de los presos de ETA para ser trasladados a España. Si a esto le añadimos que Carmen ha sido la interlocutora de ETA en las conversaciones en Argelia y Suiza, el círculo termina cuadrándose: el gobierno trabaja para tener cerca a González Peñalva y poder negociar con ella. Mientras tanto : fuerte tensión en las calles y papelón por parte de algunos jueces.
