Sr. Director:



Las investigaciones judiciales a clínicas abortistas han evidenciado que se está ante un gran fraude de ley.

 

El aborto se lleva a cabo por empresas privadas que buscan incrementar sus beneficios económicos reduciendo costes y evitando controles y regulaciones; es la prestación más privatizada, llegando al 97% en algunas comunidades autónomas y carece de seguridad en la atención sanitaria.

Se ha desviado la certificación requerida para abortar del mundo sanitario a los agentes



sociales no sanitarios, que gestionan la interrupción del embarazo con los centros



privados. La reforma actual de la ley lejos de buscar la protección de la vida del no



nacido, procura exclusivamente salvar las ilegalidades hasta ahora cometidas.

Marcos Gutiérrez Sanjuán