Vergonzosa la actuación de la Fiscalía en las tres querellas contra Garzón. Es urgente la reforma del Código penal, para terminar con el privilegio de los fiscales: ni son funcionarios administrativos, ni son jueces y, por tanto, no pueden prevaricar.
No se comprende la petición de absolución del citado juez, ni en el caso de las víctimas del franquismo ni en el de las escuchas telefónicas. Respecto al primer caso, no se puede proceder contra una/s persona/s fallecida/s de forma notoria de antemano, y mediando una ley de amnistía de por medio, que borra el delito, es decir, es como si no se hubiera cometido. Y respecto del asunto de las escuchas, el artículo 51.2 de la Ley General penitenciaria es contundente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".
Decir que Ignacio Peláez, abogado querellante, sabía que le estaban grabando la conversación con su cliente resulta cuando menos sorprendente, por no decir otra cosa. Lo lógico es que junto a Garzón estuvieran procesadas las dos fiscales que apoyaron con su informe las intervenciones o escuchas por las que se sienta de nuevo en el banquillo Garzón, y no éste solo.
Pero lo dicho. Los fiscales tienen patente de corso. Pueden hacer lo que quieran. Eso se llama "igualdad" ante la ley...
Fernando Ferrín Calamita
