Pedro J. Ramírez se mostraba satisfecho por la decisión ayer de la justicia de investigar si hubo falsificación en documento público en el informe que establecía una posible relación entre ETA y el 11-M: Sólo ha transcurrido una semana desde el jueves pasado y la exclusiva de nuestro periódico, y yo declaré tener fe en el sistema democrático y en el poder judicial, unas horas antes de que pusiéramos a disposición de la opinión pública los documentos, unas horas antes habíamos entregado esos documentos a la atención del Juez del Olmo, porque él es el juez. Del Olmo optó por lavarse las manos y entregó la documentación a la sala y la sala de lo penal emitió un auto muy bien fundamentado, porque en las decisiones judiciales se podrá estar de acuerdo, pero lo que determinen hay que argumentarlo y este está muy bien argumentado. Y dice que hay que ordenar la investigación de un nuevo delito. Y la conducta de los policías puede implicar hasta 6 años de cárcel.
Y proseguía Ramírez, sobre las palabras ayer del ministro Rubalcaba en las que acusaba al PP de mentir en el 11-M: Se le olvidó recordar las acciones judiciales contra El Mundo. ¿En qué quedan esas amenazas y la manipulación de los medios gubernamentales denostando a nuestro periódico? Creo que el auto de la sala sugiere un delito de ocultación, de privarle al juez de un aspecto relevante de la investigación. La suerte de los ministros Alonso y Rubalcaba queda desde hoy ligada al desenlace de ese descubrimiento. Ninguno de los dos podría continuar ejerciendo sus funciones. La responsabilidad política no se la quitaría nadie. Lo de Garzón, es tal disparate, su pretensión, de mantener las diligencias previstas para hoy, que el disparate podría hacerle sospechoso del delito que advierte que ningún funcionario puede privar a los ciudadanos de sus derechos.
