Menudo follón se ha armado en toda España con la ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Porque quien hace la norma, el ministro Guindos, al parecer no se da cuenta de los efectos que comporta su aplicación.
En concreto, los bancos tienen hasta el 15 de febrero para reidentificar a todos sus clientes, uno por uno, bajo la amenaza de restringir la operativa de todas sus cuentas.
Esto se concreta en que los bancos llaman a todos y cada uno de sus clientes para preguntarles cosas tales como si son autónomos o trabajadores por cuenta ajena, si son funcionarios o si están en el paro. ¿Qué tiene que ver todo eso con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo Hombre todo tiene que ver con todo, pero eso de desnudarse ante un empleado de banca bajo la amenaza de no poder mover tu propio dinero parece un poco fuerte.
Naturalmente, lo que se está produciendo es lo siguiente: Juan Español recibe una llamada de su banco exigiéndole que responda a unas preguntas bastante personales. Lo normal es que, ante la cantidad de estafadores que pueblan el universo del vil metal, el cliente exija que el bancario se identifique. La respuesta es que llame el propio cliente a la sucursal y ahí se le hará el interrogatorio.
Increíble pero cierto. Naturalmente, el Estado no se hace cargo de los gastos, con pérdida de tiempo incluido, que supone todo esto. ¿Para qué
Y la pegunta final: ¿servirá esa información para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo Espero que sí.
Hispanidad
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