• Recuerda que se le pidió que se inhibiera a favor de Pablo Ruz y ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
  • Ya le ocurrió algo similar en el año 2005, en el caso de las jubilaciones millonarias del Banco de Santander, contra Corcóstegui y Amusátegui.
  • Entonces era presidente de la Sala de lo Penal y sus propios subordinados le apartaron del caso.
  • Se aceptó la propuesta del ya fallecido Rafael Pérez Escolar, exconsejero de Banesto, que argumentó interés manifiesto por parte del juez en el proceso.

Ya lo predijo Arias Cañete: demasiados jueces para un solo caso. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con el fin de impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez (en la imagen) prosiga en su investigación de la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, siempre según las fotocopias de los supuestos papeles de Bárcenas publicadas por El País, habían hecho donaciones sospechosas al partido.

Como ya informó Hispanidad, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió una pieza separada dentro del caso Gürtel para investigar el caso Bárcenas, al considerar que había coincidencias entre los papeles del ex tesorero del PP y diversos documentos intervenidos en el caso de la supuesta financiación irregular del PP.

A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió a Gómez Bermúdez que se inhibiese en el caso y no admitiera a trámite la querella presentada por IU y otros cuatro colectivos sociales, y se le informó de que la persona competente para llevar el caso era Pablo Ruz, Bermúdez decidió desestimar sus sugerencias.

Se amparó en la  jurisprudencia tras un caso relacionado con la corrupción en Marbella el año 2001, cuando aún vivía Jesús Gil y ejercía su poderío en la localidad malagueña. Entonces, el Supremo dictaminó que el caso tenía dos proyecciones, una en el ámbito civil y otra en el de lo mercantil.

En el recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, puesto que las juzga "innecesarias y desproporcionadas" y no resultan pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida". La Fiscalía recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, ya que hay que evitar una "doble instrucción sobre los hechos":

"Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (...) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción número 5", señala el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía pide que se dejen sin efecto las citaciones a declarar que Gómez Bermúdez ordenó realizar para los días 25, 26 y 27 de este mes, así como la solicitud de papeles a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario El País. Gómez Bermúdez, amén de citar a empresarios, también ha llamado a declarar a Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, a los que no ha otorgado la condición de imputados, por considerar que sería prematuro.

No es la primera vez que Gómez Bermúdez, muy aficionado a enjuiciar casos importantes, como le ocurriera a Baltasar Garzón, se ve desautorizado. Ya en 2005, cuando era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue apartado del caso de las indemnizaciones millonarias de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui por la propia Audiencia Nacional.

El exconsejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, ya fallecido, parte acusadora en aquel proceso, le recusó y alegó "interés indirecto en la causa", motivo por el cual los compañeros de Gómez Bermudez le dieron la razón. Rechazaron, sin embargo, los argumentos de "enemistad manifiesta" o "tener pleito pendiente con una de las partes".

Sara Olivo
sara@hispanidad.com