La plataforma contraria a la Educación para la Ciudadanía está integrada por sesenta instituciones, alentadoras de la objeción de conciencia, como una manera de encararse a la laicista disciplina.

Las objeciones se presentarán en las Consejerías de Educación, antes que en los institutos y que éstos obtengan un duplicado de la instancia.

La justicia de la Comunidad de Andalucía no ha tenido más remedio que sancionar el torcimiento del texto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha refrendado como abolidos algunos enunciados incluidos en las Órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El fallo dispone que, una vez que la sentencia sea indisoluble, el mismo Tribunal Supremo, sea el que decrete sobre "la cuestión de ilegalidad" de los Reales Decretos que afectan a la puesta en marcha de esta asignatura laicista.

Participar en la abolición de un atropello no sólo es una obligación moral, sino un derecho humano.

Los que apelan a la objeción de conciencia deben estar libres de cualquier extorsión en el plano legislativo, disciplinar, monetario y laboral.

Clemente Ferrer Roselló

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