El Círculo de Empresarios criticaba hace algunos años la preocupante tendencia de las CCAA a crear una especie de "INIs" autonómicos. El consejero del Tribunal de Cuentas, Juan Velarde, recordaba recientemente en un seminario de la Fundación FAES, que esta tendencia de crear sociedades empresariales autonómicas de dudoso valor añadido ponía en solfa en proceso de privatizaciones ambicioso que había emprendido la administración central.

Pero la cosa sigue. Extremadura aprobó recientemente la Ley 4/2005 de 4 de julio por la que se constituye la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (SGPE), SAU. La sociedad está compuesta por un capital social inicial de 6 millones de euros y engloba a las siguientes sociedades "estratégicas": Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, SAU; Fomento de Jóvenes Empresarios de Extremadura, SAU; Fomento de la Industria del Turismo, Ocio y Tiempo Libre, SAU; Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura, SA; y Fomento de la Iniciativa Joven, SAU. Como ven, todo cuestiones muy estratégicas, donde la presencia del sector público se hace imprescindible.

Lo divertido es que en la exposición de motivos de la citada ley se argumenta que debido a la creciente dimensión del sector público empresarial extremeño se hace necesario crear esa especie de SEPI autonómica. Se busca la agilidad empresarial, pero sin ser una verdadera empresa en mercado : sus ingresos están garantizados por convenio con la administración y las acciones resultan inembargables.

Curiosamente, las empresas públicas extremeñas de verdad han quedado fuera de esta SGPE. Ni la Empresa de Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura ni el Ente Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales forman parte de la nueva sociedad rigiéndose por suS propias normativas.