Corbacho señalaba este jueves que había que abrir una reflexión serena y sosegada sobre la Ley de Extranjería. De la Vega acepta eso de reflexionar, pero se niega en rotundo a reformar una Ley de Extranjería que acaba de ser reformada. En su opinión, el actual debate es malintencionado y oportunista. ¿Y la contradicción de que por una parte se trate de expulsar a los ilegales y por otra se empadronen? No hay contradicción porque son normativas con objetivos diferentes, responden. A saber, por una parte, conocer la población a efectos de financiación sanitaria y de educación y del nuevo modelo de financiación. Por otra, política de persecución al ilegal.
En cuanto a la filosofía, De la Vega reitera que la estrategia del Gobierno es perseguir a las mafias que trafican con personas al tiempo que atienden a las personas más desfavorecidas mediante diferentes programas sociales. Tenemos acuerdos con todos los países de origen y tránsito y unas políticas de integración en las que invertimos mucho dinero y que están dando sus frutos; nadie se ha quejado y en Europa nos felicitan. Debate zanjado.
En cuanto a la petición del Ayuntamiento de Vic de ayudas estatales para programas con los inmigrantes ilegales, responde que esos programas ya existen y que el Gobierno ya ha puesto dinero, aunque también recuerda que la competencia en políticas sociales es de las CCAA.
Por último, un dato: la crisis ha hecho descender notablemente la cifra de empadronamientos un 56%. Eso sí, el Gobierno reconoce implícitamente que sigue habiendo ilegales entre nosotros. Muchos menos que en 2004. Pero hay. Y por supuesto no se plantea expulsarlos. Por eso no responde a la propuesta de un sindicato policial de poder acceder a los padrones para realizar la persecución de ilegales de manera más eficaz. Tampoco contesta a la propuesta de Rajoy de que las ayudas sociales no estén vinculadas al padrón. Debate oportunista y malintencionado. Y de ahí no se le saca.
