La doctrina Botín se instruyó cuando el Tribunal Supremo (seis años atrás, decidió sobreseer la querella contra Emilio Botín por las cesiones de crédito, con el argumento (perdón, fundamento jurídico) de que el perjudicado, la Abogacía del Estado y el representante del perjudicado, la Fiscalía General, habían retirado cualquier reclamación al Banco Santander.
Por tanto, sólo quedaba la acusación popular -figura jurídica con más de 100 años de historia- y eso no le valía al altísimo tribunal.
Es verdad que en un país guerracivilista como España, donde se emplea justicia como venganza, al grito de "si quieres fastidiar al prójimo llévale a los tribunales", la acusación popular puede tener un uso malsano, pero también lo es que suprimirla permite que los poderosos privados se alíen con los poderosos públicos (puertas giratorias, que diría nuestro eximio pensador, don Pablo Iglesias) contra el ciudadano. Y les aseguro que los poderosos privados y los poderosos públicos, de la ideología que sean, tienden a mantener cordiales relaciones.
A la doctrina Botín se ha atenido el fiscal del caso Urdangarín, Pedro Horrach, en defensa de la infanta Cristina (en la imagen).
Al tiempo, arremete contra Urdangarín que según él engañó a su esposa. Puede ser. En efecto, el matrimonio está basado en la confianza. Pero, en cualquier caso, sorprende, positivamente, que Cristina de Borbón siga, a pesar del lío en que la ha metido su esposo, guardándole una feroz lealtad. A nosotros siempre nos ha parecido Iñaki Urdangarín un pretencioso que se aprovechaba de su parentesco con la Casa Real, pero la actitud de su esposa es digna de aplauso.
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