• Lo anuncia el Ministerio de Economía argentino, que culpa de ello al fallo del Supremo de Estados Unidos.
  • La realidad deja en evidencia a Cristina Fernández, que tachó de "extorsión" la decisión del Tribunal americano.
  • Y el juez estadounidense Thomas Griesa le replicó rápido: consideró una "ofensa" el discurso de la presidenta argentina.
  • La Nación subraya: "El Gobierno también tendrá que hacer su parte, abandonando la soberbia, rompiendo la endogamia para adoptar una actitud más abierta y, sobre todo, actuando con rigor".
  • Y Clarín apunta: "No pagar significa alejarse nuevamente; cuesta creer que en la estrategia general esta contradicción no fuera tenida en cuenta". 
Se confirma lo que se sospechaba: que Argentina no podrá pagar antes del 30 de junio la deuda de unos 1.300 millones de dólares a los fondos buitre, tras el fallo del Tribunal Supremo de EEUU.

A través de un comunicado, el Ministerio argentino de Economía detalla que la resolución "imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".

Esta medida, que hace efectivo el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado martes, "empuja a Argentina al default -suspensión de pagos-", tal y como ya advirtió el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, que denunció que "quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina".

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández (en la imagen) fue la primera en reaccionar a la decisión del Tribunal estadounidense, que tachó de "extorsión". "Argentina tiene voluntad de negociación, pero lo que no tiene es por qué ser sometida a semejante extorsión".

Pero al juez estadounidense Thomas Griesa, que fue quien dictó el fallo que condena a Argentina a pagar a los 'fondos buitre', no le gustó un pelo el discurso de Fernández, que consideró una "ofensa" y advirtió de que suponen "un problema" para una posible negociación.

"Realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina", ha apuntado Griesa sobre las declaraciones de la presidenta, además de insistir en que pueden suponer "un problema" para lograr un acuerdo.

En La Nación, Martín Lousteau señalaba: "Nuestro país está todavía a tiempo de evitar males mayores, pero para ello no puede contentarse sólo con la diatriba, declamando que no cederá a la extorsión, vilipendiando a Griesa y sosteniendo que el fallo es sólo una grieta que los holdouts encontraron en una estrategia por demás sólida. Es tiempo de cuidar las expresiones (¿por qué, por ejemplo, el ministro comete la imprudencia de sostener en una conferencia de prensa que, si se pagara, los que entraron al canje podrían tener derecho a reclamar por la suma de 120 mil millones de dólares) y -más imprescindible aún- de saber negociar priorizando los intereses nacionales de largo plazo y comprendiendo acabadamente los riesgos".

Y añadía: "El Gobierno también tendrá que hacer su parte, abandonando la soberbia, rompiendo la endogamia para adoptar una actitud más abierta y, sobre todo, actuando con rigurosidad. Eso es lo mínimo que reclama -de todos- esta delicada situación".

Por su parte, Clarín afirma: "Obviamente para Argentina tener que hacer frente al pago será sumamente complicado. Si cuando había más recursos no había voluntad de pago, ahora que hay un creciente déficit fiscal es mucho más difícil". "No pagar significa alejarse nuevamente. Cuesta creer que en la estrategia general esta contradicción no fuera tenida en cuenta. Es lamentable que los argentinos estemos a oscuras sobre esta decisión, dado el nivel de incertidumbre de qué camino escoger, cómo y porqué".  

Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com