-Dos gobiernos socialistas, con Boyer y Solchaga ya tuvieron las suyas, en 1984 y 1991.
Entonces se obligaba a los defraudadores a comprar deuda pública a un interés por debajo del mercado.
El Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció en los desayunos de TVE, que el Partido Socialista presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal, denominada por el Gobierno como el conjunto de medidas destinadas a la "regularización de activos", aprobada por el Gobierno y refrendada por el Congreso de los Diputados.
Rubalcaba pedirá su paralización, porque "afecta a algo fundamental que está en nuestra Constitución, que es la igualdad entre los españoles". "No se puede tratar peor al ciudadano que paga sus impuestos que al que no los paga, eso no es constitucional", ha señalado, y ha puesto un ejemplo muy básico: "si yo gano 100.000 euros y pago mis impuestos, pago 35.000 euros y si gano 100.000 euros y no pago mis impuestos el Gobierno me dice que con 10.000 euros lo arreglo". "Eso no puede ser, es insostenible".
Desde el Ministerio de Hacienda, señalan que la denominada amnistía fiscal no debe ser denominada así. Sí lo fue, señalan, la que pusieron en marcha los socialistas en el año 91, como recordó el propio Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica: "Amnistía fiscal fue lo que ocurrió en el año 91 cuando se repatriaban activos sin coste y sin recaudación alguna para el Estado por mucha deuda pública que se suscribiera".
Hay que recordar que esta es la tercera amnistía fiscal que ha tenido lugar durante la democracia. La primera, diseñada por Miguel Boyer en 1984, concedía el perdón fiscal si se compraban pagarés del Tesoro a un interés muy reducido. La segunda, de la que habla Miguel Ferre, fue la que concedió Carlos Solchaga, que fracasó y también pretendía financiar la deuda pública a un menor coste.
Rubalcaba ha declarado que mientras ha formado parte del Gobierno Zapatero jamás se estudió proyecto alguno que guardara relación con ningún tipo de amnistía fiscal, por mucho que se hablara del tema en algún que otro medio de comunicación. En su opinión y en la de sus compañeros de gobierno, la amnistía fiscal es "una inmoralidad"
Respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno para redecir el déficit, aseguró que ellos "nunca hubieran recortado la investigación y el desarrollo, sino que hubieran quitado las bonificaciones fiscales por compra de vivienda por encima de 26.000 euros", además "habríamos metido un impuesto de grandes fortunas, como hay ya en Francia, que nos hubiera dado un margen, entre otras cosas, para no bajar los gastos educativos, que es un disparate". Este lunes, Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, ha puntualizado que ni confirma ni desmiente, aunque no cree que haya recortes adicionales a los presupuestos en materia de investigación.
También defendió los impuestos al alcohol de alta graduación y al tabaco para financiar la Sanidad. Parece haber olvidado que el Gobierno ha modificado en el penúltimo Consejo de Ministros la estructura de tributación sobre las labores del tabaco. En concreto, el Gobierno ha bajado en dos puntos, del 57% al 55%, el tramo 'ad valorem', es decir el que depende del precio de venta. Por contra se ha incrementado un 49,6% el específico, de 12,7 euros por 1.000 cigarrillos a 19 euros. También se ha visto afectado el tabaco de picadura, como ha señalado en un encuentro reciente con la prensa Diego Martín-Abril y Calvo, director general de tributos.
La previsión del Gobierno es que la recaudación estatal derivada de los impuestos del tabaco aumentará en 150 millones de euros este año, hasta alcanzar la cifra de 6.884 millones de euros. Y con respecto a la amnistía fiscal, se habla de la posibilidad de que afloren unos 25.000 millones de euros, con lo cual se podrían recaudar unos 2.500 millones.
Sara Olivo
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