- La huelga general en la región provoca problemas, sobre todo, en el transporte: cortes en carreteras y el AVE de Gerona.
- Pero su seguimiento es escaso: normalidad en grandes centros de producción (Seat y Nissan, por ejemplo) y en el puerto de Barcelona.
- Detrás está la Intersindical-CSC que lidera Carles Sastre: perteneció a bandas terroristas -Epoca y Terra Lliure- y fue condenado por el asesinato del empresario José María Bultó.
- Paralelamente, el abogado chileno Gonzalo Boye defiende a los exconsellers Comín y Serret: estuvo condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.
- Mientras, el belga Paul Bekaert se encarga de la defensa de Puigdemont... como hizo con miembros de ETA.
- Más: la Audiencia Nacional confirma la prisión para 'los Jordis': Sánchez, en sus tiempos en La Crida, se relacionó con Herri Batasuna…
- Y el Tribunal Constitucional anula la DUI y la ley de ruptura e insta una nueva querella por desobediencia contra Carme Forcadell.
Desde hace más de un mes,
Cataluña es tema mediático día sí y día también. Este miércoles, vive una
huelga general, pero no por razones económicas, sino políticas. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la declarara legal, no es más que
sindicatos que sabotean para defender el
independentismo… Y, por cierto, en la deriva separatista hay
abogados y líderes vinculados al
terrorismo. ¡Vamos bien!
La huelga general ha provocado problemas, sobre todo, en el
transporte: 70 cortes en carreteras, en la estación de AVE de Sants (Barcelona), en el AVE de Gerona y en los accesos al aeropuerto de dicha ciudad, así como retrasos en Rodalies (cercanías). El ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, ha señalado que la "mal llamada huelga general" son "actos vandálicos" que están perjudicando el funcionamiento de los servicios públicos.
"Seguimiento mínimo pero
daño máximo que era lo que se perseguía", ha subrayado De la Serna. "Lo único que están consiguiendo estas personas es generar un daño a los propios catalanes", ha añadido. Por su parte, el secretario general de UGT,
Josep Maria Álvarez, ha hablado de "huelga política". Un
seguimiento escaso e inferior a la protesta del pasado 3 de octubre: normalidad en
grandes centros de producción (como los de Seat y Nissan) y en el puerto de Barcelona, por ejemplo.
Detrás de la huelga general de este miércoles está la
Intersindical-CSC que tiene como secretario general a
Carles Sastre. Entre 1973 y 1980, perteneció a la banda terrorista Exèrcit Popular Català (
Epoca), de ideología independentista, y entre 1980 y 1985 fue dirigente del grupo armado
Terra Lliure. Sastre
fue condenado a 30 años de cárcel como coautor del
asesinato del empresario José María Bultó y a otros 18 por pertenencia a banda armada y tenencia de armas, en total
48 años de prisión pero sólo cumplió 11. Además, fue absuelto por falta de pruebas de los asesinatos del exalcalde de Barcelona,
Joaquín Viola, y de su esposa, Montserrat Tarragona.
Pero no es el único vínculo entre el independentismo y el terrorismo. Paralelamente, el abogado chileno
Gonzalo Boye ha asumido la defensa de los exconsellers
Toni Comín y Meritxell Serret, refugiados en Bruselas junto a Carles Puigdemont. Fue
condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988. Además, Boye fue editor de la revista
Mongolia y ahora es también el abogado de los concejales madrileños
Carlos Sánchez-Mato y Celia Mayer en el
'caso Madrid Open de Tenis', así como miembro del consejo de administración del periódico digital
eldiario.es que dirige Ignacio Escolar.
Mientras, el letrado belga
Paul Bekaert se encarga de la defensa de
Puigdemont,
como ya hizo con miembros de ETA en el pasado. Desde luego, la relación resulta curiosa.
Al mismo tiempo,
la crisis catalana avanza por la vía judicial. En concreto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión para 'los Jordis' -encarcelados desde el pasado 16 de octubre-:
Jordi Sánchez, actual líder de la ANC, en su tiempo
dirigió La Crida, la cual organizaba mítines con
Herri Batasuna y
no condenó la masacre de ETA en Hipercor.
Y por si fuera poco, el
Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la DUI, así como la ley de ruptura y ha instado una
nueva querella por desobediencia contra la expresidenta del Parlament,
Carme Forcadell. Mientras,
la fuga de empresas continúa: ya son 2.276 las que han trasladado su sede social desde el pasado 2 de octubre.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
